El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, en València, ha desestimado la solicitud del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para que su declaración como investigado se realice de forma telemática. Esta decisión se enmarca en el proceso que investiga cómo se gestionó la dana ocurrida el 29 de octubre del año pasado.

La magistrada a cargo del caso ha decidido solicitar más documentación a la Conselleria de Emergencias, al mismo tiempo que ha encargado a la Guardia Civil que elabore un informe detallando las condiciones del Centro de Coordinación de Emergencias situado en l'Eliana. Este informe deberá incluir información sobre los sistemas de videograbación en la entrada y otras áreas internas del edificio.

Esta acción se produce tras la petición de diligencias formulada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una de las acusaciones populares involucradas en el proceso. La magistrada ha ordenado que se remita la lista de puestos de trabajo de los empleados del Centro de Coordinación de Emergencias, detallando sus funciones, formación y datos personales, así como quiénes estaban presentes en el lugar en el horario crítico del incidente.

Además, la jueza ha solicitado a la misma Conselleria que proporcione documentación relacionada con el Plan Especial de Inundaciones y cualquier información que se haya transmitido a las administraciones locales el día de la dana, información crucial para entender la respuesta a la crisis.

Se le ha requerido también al director general del Medio Natural y Animal que aporte un informe sobre las acciones realizadas y el término de las medidas de control relativas al barranco del Poyo en la fecha del incidente.

Por el contrario, la magistrada ha rechazado la petición de realizar una inspección ocular presentada por Acció Cultural, aunque ha ordenado un informe que detalle los aspectos técnicos de las instalaciones del Centro de Coordinación.

Este informe, esperado con interés, deberá abarcar los sistemas de videovigilancia y las herramientas tecnológicas utilizadas para asegurar una adecuada comunicación durante las emergencias, así como el funcionamiento de la red de telefonía móvil y el sistema de gestión geográfica.

La juez también ha denegado otras diligencias de investigación solicitadas por la misma acusación popular, como la conservación de datos de comunicaciones electrónicas, argumentando que no corresponden a delitos intencionales. La decisión enfatiza el encuadramiento del caso dentro de una investigación más amplia.

En cuanto a la solicitud de Emilio Argüeso para declarar de manera telemática el próximo 11 de abril, la magistrada ha argumentado que, dada la gravedad de los hechos que se están investigando, incluyendo homicidios y lesiones imprudentes, así como el elevado número de fallecidos, es necesario que la declaración se realice de forma presencial. Además, se ha argumentado que no hay justificación en términos de seguridad o de orden público para evitar la comparecencia en persona.