ZARAGOZA, 1 May.

La Guardia Civil, en colaboración con los servicios veterinarios del departamento provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha llevado a cabo una importante operación en la que han intervenido más de 16 toneladas de alimentos no aptos para consumo humano en un almacén de distribución de productos alimenticios. El titular de la distribuidora ha sido detenido como presunto autor de delitos contra la salud pública, estafa y falsedad documental.

Según ha explicado la Benemérita en una nota de prensa, los hechos se remontan al pasado 11 de abril cuando personal del servicio veterinario del departamento provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón solicitó la presencia del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Calatayud para que se trasladase a un almacén de distribución de alimentos situado en una población de la Comarca de Calatayud que estaba siendo objeto de inspección.

Los especialistas de SEPRONA de Calatayud, tras comprobar la gran cantidad de productos alimenticios y el estado en el que se hallaban, llevaron a cabo una inspección exhaustiva del lugar y de la mercancía almacenada. La nave, que tenía una superficie de mil metros cuadrados, presentaba multitud de irregularidades en cuanto al almacenamiento de los productos y condiciones de salubridad.

En la nave, que quedó precintada, se encontraron roedores muertos en diferentes localizaciones, excrementos de estos animales e insectos, suciedad en el interior de las cámaras frigoríficas, multitud de alimentos con las fechas de consumo preferente superadas o caducadas, etiquetas superpuestas con una fecha de caducidad modificada apta para su venta y consumo, así como la carencia de documentos de trazabilidad de productos.

La inspección y contabilización de dicha mercancía, entre la que se hallaban bebidas, productos en conserva, elaborados cárnicos, frutos secos y diversos tipos de golosinas, se realizó en varios días debido a la gran cantidad de unidades almacenadas en dicha nave, cuyo peso ascendía a 16.500 kilogramos. La Guardia Civil continúa con la investigación para determinar todos los establecimientos donde podrían haber sido comercializados los productos con irregularidades.