La Generalitat solicita al Tribunal de Cuentas la aplicación de la amnistía por el 1-O

La Generalitat ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas para solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su acción exterior. La petición busca extinguir responsabilidades contables pendientes, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara una sentencia que respalda el olvido penal en estos casos.

El Gobierno catalán argumenta que, a raíz de la resolución del TJUE, procede aplicar la amnistía para cerrar definitivamente estos procedimientos. La causa unificada en el Tribunal de Cuentas involucra fondos públicos utilizados en la organización del referéndum y en la promoción internacional del proceso independentista entre 2011 y 2017. Entre los responsables están expresidentes y exmiembros del Govern, como Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras.

Hasta ahora, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado formalmente la amnistía, y ha abierto un período de alegaciones para que las partes aporten documentación sobre los fondos empleados. La Generalitat ha presentado una solicitud anticipada, alegando urgencia y carácter prioritario, y pide que las medidas cautelares sean levantadas en el plazo legal establecido.

Este movimiento forma parte de una estrategia para cerrar uno de los últimos procedimientos pendientes vinculados al proceso independentista. La petición refleja también el impacto de la sentencia del TJUE, que ha tenido repercusiones en la interpretación de responsabilidad penal y contable en estos casos políticos.

El contexto político en Cataluña sigue marcado por tensiones entre los partidos independentistas y el Estado español. La petición de amnistía en el Tribunal de Cuentas puede influir en futuros procesos judiciales y en la percepción del independentismo sobre la justicia española. La decisión final puede tener repercusiones en el relato político de ambas partes y en la dinámica del procés.

En el escenario más amplio, esta solicitud evidencia el esfuerzo de las instituciones catalanas por legitimar su actuación y cerrar capítulos judiciales. La resolución del Tribunal de Cuentas será un reflejo de la tensión entre el derecho penal, la política y la interpretación de la justicia en el contexto del conflicto catalán.