MADRID, 26 de enero.

En un giro sorprendente en la política surcoreana, la Fiscalía ha decidido imputar al presidente suspendido, Yoon Suk Yeol, en el contexto de una investigación que gira en torno a la polémica declaración de ley marcial que él mismo anunció el 3 de diciembre. Esta situación ha desatado una de las crisis políticas más intensas y notables en la historia reciente del país.

Yoon enfrentará cargos serios, de acuerdo con el reporte de la agencia estatal de noticias Yonhap. Se le acusa de haber conspirado junto al exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, con el fin de provocar una insurrección mediante la proclamación de ley marcial y el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional. Este despliegue tenía como objetivo, supuestamente, intimidar a los legisladores para evitar que desestimaran el decreto, lo que finalmente culminó en su revocación pocas horas después.

Con estas acusaciones en su contra, Yoon se convierte en el primer presidente surcoreano en ser imputado por insurrección mientras se encuentra bajo detención y suspendido en sus funciones. Este hecho marca un precedente alarmante en el sistema político del país, donde las instituciones se ven sometidas a una presión sin precedentes.

A pesar de su situación, el presidente sigue siendo considerado como tal hasta que el Tribunal Constitucional decida lo opuesto. Yoon fue arrestado el 19 de enero, después de resistirse repetidamente a comparecer ante el tribunal. En el momento de su arresto, la orden estaba a punto de expirar, lo que genera aún más incertidumbre sobre el futuro político de Corea del Sur.