El presidente de la Real Federación Española de Fútbol y expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, se enfrenta a la resistencia de la Fiscalía, que se opone a que el Tribunal Supremo lo exima del delito de prevaricación por el cual fue condenado. Este caso se remonta a una concesión para la reforma de un campo de fútbol en Moraña, Pontevedra, donde Louzán fue sentenciado en el 2022 a siete años de inhabilitación para cargo público.

La defensa de Louzán presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de ser condenado por fraude y prevaricación en instancias anteriores. La Audiencia Provincial de Pontevedra lo absolvió del delito de fraude, pero mantuvo la condena por prevaricación al considerar que Louzán votó a favor de una concesión ilegal para beneficiar a una contratista, infringiendo los deberes de transparencia y protección de los derechos de la administración.

En la vista celebrada recientemente, el fiscal Javier Huete instó al Supremo a mantener la condena, argumentando que Louzán buscó realizar la reforma del campo de fútbol de manera prevaricadora y al margen de la normativa. Por su parte, la defensa de Louzán se amparó en la legislación de subvenciones y contrataciones del sector público para pedir su exoneración del delito de prevaricación.

En la misma sesión, el exdirector de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra y los abogados de la empresa concesionaria se unieron a la defensa de Louzán para cuestionar los hechos probados y la condena por prevaricación. Tras escuchar a todas las partes, el Tribunal Supremo, presidido por el magistrado Julián Sánchez Melgar, dejó el caso visto para sentencia, que se espera sea emitida próximamente.