El Parlamento Europeo ha condenado los abusos sistemáticos de Derechos Humanos en Nicaragua y ha pedido sanciones contra el presidente del país, Daniel Ortega, y miembros de su círculo cercano, así como contra jueces y fiscales involucrados en la represión de la disidencia.

Según la resolución, los abusos no son hechos aislados, sino parte de una estrategia para desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder en las figuras de Ortega y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del presidente.

La resolución condena específicamente la deportación de más de 200 presos políticos y la retirada de su nacionalidad, medidas consideradas contrarias al derecho internacional. Se pide la liberación inmediata de todos los presos políticos y una prueba de vida del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.

La cumbre de julio con países latinoamericanos será una oportunidad para reforzar los mensajes en favor de los Derechos Humanos. Se propone una declaración en la que se exige el respeto de derechos y libertades tanto en Europa como en América Latina.

La resolución contempla desde la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica hasta un llamamiento a la Corte Internacional de Justicia para que examine si Nicaragua ha violado la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

También se propone que los Estados miembro hagan uso de la jurisdicción universal para abrir sus propios procesos, utilizando como referencia las pruebas recopiladas por los expertos de la ONU que acreditan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura física y psicológica.