En un giro significativo en el ámbito del control de mercados, la sala de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido reducir la sanción impuesta a Inabensa, la que fuera filial de Abengoa, en un sorprendente 85%. Esta modificación de la penalización se produce tras una resolución de la Audiencia Nacional que aceptó un recurso presentado por la mencionada empresa, lo que abre un horizonte nuevo en la gestión de las infracciones en este sector.

Este acontecimiento marca la primera decisión de la CNMC después de una serie de sentencias emitidas el año pasado por el poder judicial, que en muchos casos respaldó las apelaciones de las 15 empresas que fueron multadas por Competencia en 2019. Estas compañías fueron acusadas de formar parte de un cártel que operó durante catorce años, donde se repartieron un total de 200 proyectos ferroviarios con un valor de 1.055 millones de euros. Este hecho pone de relieve la complejidad y la magnitud de las infracciones en el sector ferroviario español.

La sanción original a Inabensa había sido de 8,2 millones de euros por su participación en el cártel vinculado a la alta velocidad, multa que no fue anulada. Asimismo, la empresa también había recibido una multa de 3,5 millones de euros relacionada con las líneas de tren convencional, que fue parcialmente anulada por la AN. La CNMC ha decidido ahora rebajar esta última sanción a 520.000 euros, en cumplimiento con la sentencia de la Audiencia Nacional que revisó el período de conducta anticompetitiva de la compañía, ya que Competencia había considerado que se había extendido entre 2002 y 2014, mientras que la sentencia la restringió a los años 2013 y 2014.

Cabe destacar que el año pasado la Audiencia Nacional también anuló parcialmente las sanciones a otras empresas como Cobra y CYMI, que pertenecieron anteriormente a ACS y que ahora están bajo el control de la firma francesa Vinci, así como a Sacyr y OHLA. La razón detrás de esta decisión fue que la CNMC no había proporcionado pruebas suficientes que demostraran que estas empresas estaban al tanto de la existencia del plan anticompetitivo.

A pesar de eso, la Audiencia Nacional sí reafirmó las multas impuestas a empresas como Siemens, que enfrenta una sanción de 16,8 millones de euros, así como a Comsa con 2,8 millones, Indra con 870.000 euros y Teléfonos Líneas Centrales con 600.000 euros. La Justicia consideró que la CNMC actuó de manera adecuada y proporcional en la fijación de estas sanciones, sin evidencia de falta de motivación en sus decisiones.

En el caso de Cobra y CYMI, la situación fue comparable a la de Inabensa, ya que la AN anuló la sanción correspondiente al período anterior a 2013, pero dejó abierta la posibilidad de responsabilidades por el periodo de 2013 a 2014. En conjunto, estas cuatro filiales enfrentaron una penalización que ascendió a 51 millones de euros, reflejando la seriedad con la que se abordaron las violaciones en el sector.

El regulador ha expuesto que las empresas implicadas negociaron consorcios con el objetivo de obtener contratos relacionados con la electrificación del AVE y, posteriormente, se repartían las obras entre ellas, haciendo que otras firmas presentaran ofertas para simular una competencia real durante el proceso de licitación. Esta revelación resalta las prácticas desleales que han socavado la integridad de la competencia en el mercado.

En lo que refiere a las líneas convencionales, los acuerdos entre estas empresas incluían un sorteo para repartirse las licitaciones, estableciendo un orden de adjudicación que las compañías denominaban 'ranking'. Para aquellas empresas que no ganaban los contratos, se compensaban con un 6% del valor del contrato por la naturaleza del acuerdo. Este tipo de maniobras pone en el centro del debate las repercusiones de estas prácticas en el sistema económico y la importancia de mantener mercados justos y transparentes.

Entre los cárteles destacados, el mayor involucró a trece de estas empresas durante un periodo de ocho años, en los que llegaron a acuerdos para repartir 24 proyectos de electrificación del AVE, valorados en 837 millones de euros. Este hecho coincide con los años críticos de la pasada crisis económica, lo que añade otra capa de complejidad a las acciones de estas compañías y su impacto en la economía nacional.

Otro cártel significativo se extendió a lo largo de catorce años (2002-2016), donde diez empresas se pusieron de acuerdo en 173 contratos de electrificación de tren convencional que suman 134 millones de euros. Además, un tercer cártel, que inicialmente incluyó a Alstom y Siemens y luego se amplió a Elecnor, tuvo implicaciones en siete contratos de instalación de equipos electromecánicos para el AVE, alcanzando un total de 84 millones de euros. La magnitud y el alcance de estas prácticas anticompetitivas evidencian la necesidad de una vigilancia más estricta y un control efectivo en el sector.”