La Audiencia decidirá si ordena recabar datos tributarios del novio de Ayuso en investigación judicial

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha admitido a trámite una apelación de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de rechazar la petición de información tributaria y de Seguridad Social en una investigación que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa investiga posibles delitos de corrupción y administración desleal relacionados con negocios del investigado.

El caso se enmarca en una compleja investigación patrimonial y financiera, en la que la Guardia Civil solicitó datos económicos de varias personas y sociedades vinculadas al empresario. La Fiscalía sostiene que la negativa del instructor a recabar estos datos obstaculiza la investigación y que la información solicitada es fundamental para detectar posibles irregularidades.

El tribunal ha decidido revisar la decisión previa y ha concedido un plazo para que las partes presenten alegaciones. La Audiencia Provincial será la encargada de determinar si ordena la obtención de los datos tributarios y de Seguridad Social, lo que podría ampliar el alcance de la investigación y afectar a la figura de González Amador.

Este proceso judicial se desarrolla en un contexto político en el que la figura de Ayuso y su entorno se encuentran bajo escrutinio. La investigación, aunque centrada en aspectos económicos, tiene implicaciones que trascienden lo meramente judicial y alimentan las tensiones en el ámbito político madrileño y nacional.

El caso refleja la creciente judicialización de investigaciones relacionadas con figuras públicas y sus entornos, en un momento en que la transparencia y la lucha contra la corrupción son temas centrales en la agenda política. La decisión final de la Audiencia podría marcar un precedente en la relación entre la justicia y los políticos en España.