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Sábado, 10 de octubre de 2026 Edición nacional · Red Crónica
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La Audiencia decidirá si ordena recabar datos tributarios del novio de Ayuso en investigación judicial

La Audiencia decidirá si ordena recabar datos tributarios del novio de Ayuso en una investigación por presuntos delitos de corrupción y administración desleal.

Redacción · Crónica España 2 min de lectura

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha admitido a trámite una apelación de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de rechazar la petición de información tributaria y de Seguridad Social en una investigación que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa investiga posibles delitos de corrupción y administración desleal relacionados con negocios del investigado.

El caso se enmarca en una compleja investigación patrimonial y financiera, en la que la Guardia Civil solicitó datos económicos de varias personas y sociedades vinculadas al empresario. La Fiscalía sostiene que la negativa del instructor a recabar estos datos obstaculiza la investigación y que la información solicitada es fundamental para detectar posibles irregularidades.

El tribunal ha decidido revisar la decisión previa y ha concedido un plazo para que las partes presenten alegaciones. La Audiencia Provincial será la encargada de determinar si ordena la obtención de los datos tributarios y de Seguridad Social, lo que podría ampliar el alcance de la investigación y afectar a la figura de González Amador.

Este proceso judicial se desarrolla en un contexto político en el que la figura de Ayuso y su entorno se encuentran bajo escrutinio. La investigación, aunque centrada en aspectos económicos, tiene implicaciones que trascienden lo meramente judicial y alimentan las tensiones en el ámbito político madrileño y nacional.

El caso refleja la creciente judicialización de investigaciones relacionadas con figuras públicas y sus entornos, en un momento en que la transparencia y la lucha contra la corrupción son temas centrales en la agenda política. La decisión final de la Audiencia podría marcar un precedente en la relación entre la justicia y los políticos en España.

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