MADRID, 16 Ene. - La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal rechaza los recursos de apelación formulados contra la decisión del juez Ismael Moreno de situar a un paso del banquillo a un total de doce personas y cuatro empresas, accediendo así a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigados alegaron que no había pruebas de corrupción internacional y que no se especificaban los funcionarios involucrados ni las acciones de corrupción. Sin embargo, la Sala de lo Penal avala la decisión del juez Moreno al detallar cómo los investigados habrían entregado cantidades de dinero a funcionarios venezolanos a través de sociedades interpuestas para beneficiar a la empresa española.

Entre los procesados se encuentran Torres, Villalobos, Alvarado, las esposas de los exviceministros y el exCEO de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle. Dos personas participantes en el proyecto fueron exoneradas debido a que se consideró que sus acciones no alcanzaban relevancia penal.

El juez Moreno señaló presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos que ocurrieron en 2009, cuando Venezuela sufrió una grave crisis energética y se declaró una emergencia eléctrica. En ese contexto, se decidió construir una central termoeléctrica en Santa Lucía, y Duro Felguera obtuvo el contrato mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos venezolanos.

En resumen, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Duro Felguera y varios exfuncionarios venezolanos por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. La Sala respalda la decisión del juez Moreno al considerar que existen pruebas de corrupción y detalla cómo los investigados habrían entregado dinero a funcionarios venezolanos para favorecer a la empresa española. Se han excluido del procesamiento a dos personas que participaron en el proyecto debido a que sus acciones no tuvieron relevancia penal.