La Fiscalía no considera necesario suspender el festival como exigía Vox en su denuncia, pero solicita informe a la Ertzaintza.

MADRID, 24 Ago.- El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha decidido abrir diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el partido político Vox por la difusión de un cartel de un festival de música en Bilbao, en el que aparece la cara de su líder, Santiago Abascal, con "un charco rojo" que representa el rastro de sangre que se produciría al dispararle en la nuca. El magistrado, en su auto, señala que los hechos "presentan características que hacen sospechar la posible existencia de un delito".

En su denuncia, Vox afirmaba que este cartel podría ser constitutivo de los delitos de amenazas, odio y enaltecimiento y apología del terrorismo, por lo que pedía la suspensión del evento Programado para las 23:00 horas del mismo jueves-. Sin embargo, el juez considera que es necesario recabar más información en torno a los hechos para determinar cómo proceder, por lo que ha solicitado un informe al Ministerio Fiscal.

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, el Ministerio Público ha emitido un informe en el que rechaza la solicitud de Vox de suspender el evento. Sin embargo, sí ha pedido a la Ertzaintza que elabore un informe por si se produce algún hecho durante los conciertos que pueda ser considerado como enaltecimiento del terrorismo.

El festival de música en cuestión, llamado 'Callejero', está organizado por colectivos populares al margen del programa oficial del Ayuntamiento de Bilbao. El cartel muestra a Abascal sonriendo en una imagen en blanco y negro, con una salpicadura roja que representa la sangre detrás de su nuca.

En la denuncia presentada, Vox argumenta que la difusión del cartel y la celebración del evento promueven la violencia y justifican su uso por motivos ideológicos. Además, señalan que Abascal ha sido objetivo del terrorismo de ETA a lo largo de su vida, por lo que esto constituye una apología del terrorismo.

Por su parte, Vox también solicita a los órganos judiciales que, además de suspender el evento, requieran al Ayuntamiento de Bilbao que identifique a los organizadores para que puedan ser juzgados por los delitos de los que se les acusa.