En Madrid, el 24 de octubre, se ha desatado una controversia legal en torno a la figura de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha decidido abrir una investigación en su contra por supuestos delitos de contrabando y complicidad en acciones de lesa humanidad, relacionadas con la venta de acero a Israel Military Industries (IMSI) sin el permiso del Gobierno español.

La medida fue anunciada por la Audiencia Nacional el pasado viernes, indicando que la investigación no solo se limita a Jainaga, sino que también incluye a otros dos altos ejecutivos de la compañía. El juez ha dado a conocer que se levanta el secreto sobre el caso, lo que permitirá mayor acceso a los detalles del mismo.

El magistrado ha evidenciado que los implicados contaban con pleno conocimiento de que la empresa en cuestión es un fabricante de armamento, capaz de producir tanto armas ligeras como pesadas, y que el acero en cuestión sería destinado a la fabricación de material bélico.

Además, el juez ha señalado que Sidenor habría realizado la transacción sin la autorización del Gobierno y sin haber cumplido con los requisitos estadísticos establecidos, según se indica en un informe de la Comisaría General de Información fechado el 10 de septiembre.

Los tres directivos, objeto de esta investigación que surgió a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido convocados a comparecer ante el juez el próximo 12 de noviembre como investigados.