El 12 de enero en Madrid, se ha dado a conocer la decisión del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional que concluye el proceso de investigación sobre el apagón que afectó a España y Portugal el 28 de abril. La resolución subraya que no hay pruebas suficientes que sugieran un intento de sabotaje terrorista detrás de este incidente.

El magistrado, en un auto que fue difundido por Europa Press, tomó esta decisión tras analizar numerosos informes técnicos solicitados durante el transcurso de la investigación. Estos informes han confirmado de manera categórica la falta de indicios que pudieran vincular el apagón a alguna acción de terrorismo informático.

Uno de los informes más relevantes provino del Centro Criptológico Nacional, el cual dejó claro que no se encontraron datos que modificaran las conclusiones iniciales que descartaban cualquier indicio de un ataque cibernético, ya sea perpetrado por grupos criminales organizados, Estados o terroristas.

Adicionalmente, el informe del Mando Conjunto del Ciberespacio indicó que, tras inspeccionar cinco centros de control del sistema eléctrico, no se halló evidencia de ninguna actividad cibercriminal que pudiera haber comprometido la infraestructura. Esta evaluación refuerza la impresión de que no existe una amenaza cibernética en juego.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también emitió un total de ocho informes que corroboraban que no se detectó ninguna acción cibernética perjudicial que pudiera haber impactado a los centros auditados durante el apagón.

Además, el juez Calama hizo mención a un informe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que tras realizar un total de doce visitas a los centros relacionados, reafirmó que no se encontraron indicios de ciberataques en conexión con el evento del 28 de abril.

En otro aspecto, se dio a conocer que la Comisaría General de Información analizó más de ocho mil grabaciones y casi 1,300 correos electrónicos proporcionados por Red Eléctrica. De este exhaustivo análisis se desprende que no se mencionó en ningún caso un ciberataque en los intercambios de comunicación revisados.

El juez también hizo referencia a un informe de un comité que estudió las causas del apagón, resaltando que este fue resultado de múltiples factores. Se señaló que el sistema eléctrico tenía una capacidad de control de tensión inadecuada debido a decisiones operativas previas, y que algunas centrales eléctricas no respondieron correctamente a las instrucciones del operador, incluso generando energía reactiva que empeoró la situación.

Los informes concluyeron que la falta de recursos para controlar la tensión no se debió a la ausencia de instalaciones adecuadas, ya que existía suficiente capacidad de generación en el país.

Finalmente, el juez Calama determinó que, tras realizar una exhaustiva investigación, no se ha logrado establecer la existencia de un delito. Además, sugirió que cualquier conflicto derivado del incidente tiene un carácter más administrativo o civil, y ante la falta de evidencia delictiva, debería manejarse fuera del ámbito penal, considerando que hay otros métodos para solucionar estas disputas.