En una reciente decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha manifestado su preocupación por el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas por parte del empresario Víctor de Aldama, principal implicado en el conocido 'caso Koldo'. Este fallo se alinea con el precedente establecido por el juez Santiago Pedraz, quien había ordenado previamente el ingreso en prisión del acusado por su supuesta conexión con un fraude en el sector de hidrocarburos.

De acuerdo con un auto publicado por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia ha denegado el recurso presentado por la defensa de Aldama, cuestionando la orden de prisión en la que se le imputan varios delitos, incluyendo pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y evasión fiscal. El tribunal concluyó que la detención sin fianza era necesaria dados los graves cargos que enfrenta el empresario.

Los magistrados subrayan que las justificaciones planteadas por la defensa sobre la violación del plazo de detención de 72 horas no tienen fundamento. Resaltan que la naturaleza del delito y la gravedad de la pena que Aldama podría recibir justifican plenamente su encarcelamiento, dado que existe un alto riesgo de que el acusado intentase evadir la justicia a través de una fuga.

Además, el tribunal hizo hincapié en la cantidad de material que aún se encuentra bajo análisis tras los registros efectuados en la investigación. La posibilidad de que este material termine siendo vital para futuras diligencias judiciales se convierte en un factor crítico, ya que su divulgación podría verse comprometida si Aldama se encontrara en libertad.

Referente a las cuantías involucradas en el caso, los magistrados informan que una parte significativa del dinero defraudado —alrededor de 74 millones de euros— pudo haber sido transferida a cuentas en el extranjero. En este contexto, consideran esencial localizar y bloquear estos fondos, así como investigar las operaciones de blanqueo que pudieran haber tenido lugar.

Los magistrados expresan que de no estar Aldama encarcelado, las acciones necesarias para investigar y asegurar estos activos se verían gravemente obstaculizadas. Al respecto, enfatizan que la tecnología actual permite que el investigado continúe operando con los fondos transferidos al extranjero, ocultando así los métodos utilizados para ello.

Por lo tanto, la Sala concluye que se cumplen dos de las condiciones que la legislación establece para justificar la prisión provisional del acusado: la posibilidad de fuga y la potencial destrucción de pruebas pertinentes al caso.

Es relevante mencionar que el juez Pedraz observa que el fraude total asciende a cerca de 182 millones de euros, señalando a Victor de Aldama y Claudio Rivas como los cabecillas de esta organización criminal. También se identifican a María Luisa Rivas como subdirectora, junto con varios colaboradores y testaferros que ocupan altos cargos en las empresas implicadas en este entramado ilícito.

El magistrado ha identificado hasta el momento transferencias que suman un significativo total de 73.902.852,60 euros a destinos como Portugal, Colombia y China, lo que subraya la magnitud del fraude y la complejidad de las operaciones involucradas en el mismo.