
El año 2023 ha sido marcado por la inestabilidad y la incertidumbre en el sector agrario español debido a los efectos del cambio climático y los problemas burocráticos de la nueva Política Agrícola Común (PAC), según el balance realizado por COAG.
COAG destaca la sequía severa que ha afectado a toda España, causando grandes pérdidas en diferentes tipos de cultivo, especialmente en los cultivos de cereal en tierras de secano, que han sufrido pérdidas de entre el 60% y el 80%.
La organización agraria alerta de que la situación es "muy grave" en todas las regiones y todos los cultivos se han visto afectados, especialmente el cereal. Además, la ganadería también ha sufrido graves consecuencias debido a la pérdida de pastos de primavera y el aumento de los precios del forraje. En la apicultura, se han encadenado dos años de fuertes pérdidas.
Otro fenómeno recurrente en 2023 han sido las lluvias torrenciales, que han provocado daños y no han ayudado a la reposición de los embalses, especialmente en la Región de Murcia.
Las lluvias de otoño han beneficiado a los cultivos leñosos y al sector ganadero gracias al enriquecimiento de los pastos.
COAG ha propuesto un pacto de Estado para reformar el seguro agrario ante el nuevo contexto de emergencia climática.
La entrada en vigor de la nueva PAC en España ha sido calificada como un "infierno burocrático" por COAG, debido al incremento de la complejidad regulatoria y la generación continua de normativa ambiental que afecta directamente a la actividad agraria.
COAG ha solicitado al Ministerio de Agricultura la clarificación y aplazamiento de los plazos de entrada en vigor de la nueva PAC.
Además, COAG señala que la nueva normativa afecta de manera preocupante a la gestión de las explotaciones y las prácticas agrarias, generando mayores costes y un problema de inseguridad jurídica.
COAG considera que el Plan Estratégico de la PAC preparado por el Ministerio de Agricultura es "decepcionante", ya que no respalda el modelo profesional y social agrario mayoritario en España.
COAG critica la definición de agricultor activo y el pago redistributivo, ya que perjudica a los agricultores cuyos ingresos dependen principalmente de su actividad agrícola.
En los últimos 20 años, el sector agrario español ha perdido un 15% de la renta agraria en términos reales.
En 2023, la renta agraria ha aumentado un 5,5% debido al valor de la producción y a la caída de los costes de producción.
En cuanto al empleo, el número de trabajadores en el campo se ha reducido un 5,5% en 2023 y el número de Unidades de Trabajo Agrario (UTAs) está un 6,6% por debajo de la media de los últimos cinco años, lo que supone una pérdida significativa de 215.000 activos en 20 años.
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