El pasado 5 de diciembre, la Asociación de Fiscales (AF), que representa a la mayoría de los fiscales en España, emitió un comunicado en el que criticó a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) por su solicitud de dimisión en bloque del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para forzar su renovación. Según la AF, este gesto ha hecho recaer sobre los vocales la responsabilidad de la renovación, cuando en realidad corresponde al Congreso y al Senado. La asociación subrayó que la renovación podría haberse logrado hace cinco años, pero no hubo voluntad alguna por parte de las cámaras legislativas.

La AF considera "absurdo" que la UPF y la JJpD pidan la dimisión de los vocales y el presidente del CGPJ para facilitar la renovación. En primer lugar, argumentan que el mandato de los vocales no ha caducado, ya que siguen ejerciendo en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. En segundo lugar, señalan que no corresponde a los vocales llevar a cabo campañas de presión para interferir en la renovación del CGPJ. Su papel es ejercer sus funciones a fin de evitar que el órgano de gobierno de los jueces quede bloqueado y desasistido.

La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, planteó la pregunta de a quién le correspondería cumplir con las funciones de gobierno y las tareas habituales del CGPJ en caso de que todos los vocales y el presidente renunciaran. Según Dexeus, resulta inadmisible dejar al CGPJ sin sus miembros para llevar a cabo sus responsabilidades ordinarias.