MADRID, 19 de marzo. La Abogacía del Estado ha interpuesto un importante recurso de apelación en defensa de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. A través de este recurso, solicita al Tribunal Supremo que archive la investigación en su contra por las supuestas filtraciones relacionadas con Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al mismo tiempo, se critica un aparente sesgo en la investigación liderada por el magistrado Ángel Hurtado, que también se dirige contra el fiscal general Álvaro García Ortiz.

Según un detallado escrito de 62 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, los Servicios Jurídicos del Estado recurren ante la Sala de Apelación una decisión del juez instructor que, en su resolución del 26 de febrero, afirmó que existían indicios "suficientes" para proseguir con la investigación tanto de Rodríguez como de García Ortiz.

La defensa subraya que se ha violado el derecho a la presunción de inocencia de Rodríguez, argumentando que la instrucción tiene un sesgo que afecta de manera negativa su derecho a una defensa justa. Esta situación, según la Abogacía, no solo inclina la balanza a favor de las acusaciones, sino que también restringe el derecho de la defensa a presentar pruebas relevantes en su favor.

Asimismo, se destaca la falta de justificación para desestimar testimonios ofrecidos bajo juramento, en particular los de dos periodistas que afirmaron conocer la existencia del correo electrónico filtrado antes de que llegara a los fiscales implicados. La defensa alega que, de haber tomado en cuenta estos testimonios, podrían haber generado conclusiones favorables para su representada.

Además, recalca que "no hay prueba directa alguna que vincule la revelación del correo del 2 de febrero a Rodríguez o a García Ortiz". La defensa critica la recolección de datos durante operativos de entrada y registro, asegurando que se han obtenido cantidades innecesarias de información que no aportan valor a la causa.

A pesar de las dificultades reportadas para reunir pruebas, la Abogacía señala que han identificado elementos que podrían demostrar la inocencia de Rodríguez y que, sin embargo, han sido desestimados sin un análisis adecuado. La defensa se muestra esperanzada en que el Tribunal tome en cuenta estos puntos en su apelación.

En el documento presentado, la Abogacía examina tres áreas de la investigación, comenzando con una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, la cual originó la denuncia de González Amador por contener información confidencial. Remarca que el propio Tribunal Supremo, al investigar a Rodríguez y a García Ortiz, no consideró que existiera delito en este contexto.

En relación a la filtración sobre la existencia de una indagación fiscal contra González Amador, se aclara que la información fue enviada el 7 de marzo a la Fiscalía General del Estado por Rodríguez, quien cumplió su deber de informar a sus superiores sin compartirla con terceros ajenos al Ministerio Público.

Sobre el polémico correo enviado por González Amador el 2 de febrero al fiscal Julián Salto, en el que manifestaba su intención de aceptar los cargos para alcanzar un acuerdo, la Abogacía sostiene que dicho mensaje fue visto por varias personas. Se menciona que Salto declaró que el abogado de González Amador también había enviado el correo a un abogado del Estado, un hecho que, según la defensa, restaría valor incriminatorio al caso.

La Abogacía del Estado enfatiza que el querellante ha puesto en conocimiento público ciertas informaciones al enviar el correo a un alto funcionario del gobierno madrileño, quien a su vez lo distribuyó entre periodistas. Este hecho los lleva a cuestionar por qué el instructor no ha considerado este aspecto en su análisis.

Finalmente, la defensa critica la falta de individualización en las sospechas contra Rodríguez, enfatizando que el juez no ha hecho el esfuerzo de argumentar sus acusaciones con convicción. Además, sugiere que incluso si se atribuyera la revelación de información reservada a García Ortiz, la conducta de Rodríguez sería atípica y carente de indicios suficientes para sostener la acusación, lo que justificaría el archivo del caso en su favor.