En una reciente declaración desde el Ministerio de Juventud e Infancia, se ha anunciado que se lanzará en un futuro próximo una macroencuesta destinada a investigar las diferentes formas de violencia que enfrentan los menores en España.

Sira Rego, la ministra a cargo, afirmó que el compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia vicaria y la violencia institucional es sólido. Destacó que, además de los esfuerzos de diversas mujeres feministas, su ministerio está enfocado en ampliar la Ley de Protección Integral de la Infancia (LOPIBI) y en implementar esta macroencuesta que ofrecerá una visión exhaustiva sobre la situación de la infancia en el país.

La ministra hizo estas declaraciones durante un video que fue presentado en el marco del IV Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, el cual se lleva a cabo en la Universidad Complutense de Madrid este viernes y sábado.

Rego resaltó la importancia de este encuentro, considerándolo un foro esencial, lleno de determinación y con una proyección hacia el futuro para abordar un problema que afecta a toda la sociedad. Subrayó que se trata de un 'espacio seguro' tanto para mujeres como para niños, donde se pueden compartir experiencias y buscar soluciones.

En su intervención, la ministra abordó que la violencia vicaria es un asunto prioritario, señalando la necesidad de generar caminos para aliviar el sufrimiento y erradicar esta problemática. Hizo hincapié en que es vital implementar medidas concretas que promuevan una sociedad que rechace toda forma de violencia dirigida hacia mujeres e infantes.

El IV Encuentro VVVI fue organizado por la Coordinadora Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional (CEVVVI), liderada por Ana González Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Libres, y Francisca Granados Gámez, representante de la Asociación Internacional VIGIAM.

Este evento cuenta con el respaldo institucional de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, de la Universidad Complutense de Madrid, así como de diversas organizaciones feministas, profesionales y grupos de apoyo a las víctimas.