En un movimiento que ha generado controversia, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España ha solicitado este lunes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que le informen diariamente sobre los jueces y fiscales que se ausenten de sus puestos de trabajo durante la huelga convocada contra las reformas del Gobierno en el ámbito judicial. Esta información debe ser reportada antes de las 14.00 horas para proceder con el descuento de sus salarios.

Fuentes del Ministerio han declarado a Europa Press que esta medida busca monitar el cumplimiento de la huelga y justificar la detención de salarios para aquellos que decidan participar. En su argumento, el ministerio sostiene que esta comunicación es “imprescindible” para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, dado que es la entidad responsable de pagar a jueces, fiscales y magistrados.

Esta solicitud llega en un contexto de creciente tensión, justo antes de una huelga que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de julio. La convocatoria incluye la participación de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, dejando fuera a dos de ellas: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF). Estas organizaciones argumentan que las reformas propuestas por el Gobierno atentan contra la independencia judicial y amenazan al Estado de Derecho. El ministro Félix Bolaños, por su parte, asegura que estas reformas son esenciales para la modernización del sistema judicial.

Es importante destacar que en 2018 el Ministerio ya había aplicado descuentos en los salarios de los jueces y fiscales que se unieron a una huelga, una decisión que fue posteriormente anulada por la Audiencia Nacional tras el reclamo de un juez que impugnó esa acción. Este fallo determinó que el Ministerio no tiene la autoridad para llevar a cabo dichos descuentos y lo obligó a restituir las cantidades descontadas.

A pesar de la postura crítica de algunas asociaciones, el Gobierno ha declarado su respeto hacia las acciones convocadas por las agrupaciones judiciales y fiscales, así como hacia aquellos jueces y fiscales que opten por no participar en la huelga. Sin embargo, se ha reiterado la urgencia de llevar a cabo reformas que, según el Gobierno, son necesarias para modernizar por primera vez en 40 años las Carreras Judicial y Fiscal, haciendo énfasis en que los mecanismos de acceso son obsoletos y datan del siglo XIX.

Las reformas propuestas buscan ofrecer una mayor seguridad a las becas para los candidatos a opositores, introducir exámenes escritos que evalúen habilidades más allá de la memoria, garantizar que estos exámenes sean anónimos y que las evaluaciones orales sean grabadas. Además, se contempla la creación de un registro público para los jueces que preparen a los aspirantes a oposiciones y un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas, todo ello con el fin de cumplir con las exigencias de la UE y evitar así sanciones millonarias impuestas por la Comisión Europea.