El Gobierno central será el encargado de tomar la decisión final sobre las expulsiones, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Junta de Seguridad catalana, que se encargará de evaluar cada caso. Esta situación fue confirmada por fuentes de la política catalana desde Madrid, el 4 de marzo.

El partido Junts ha expresado su deseo de que el idioma catalán se convierta en un requisito para la obtención de residencia por parte de los extranjeros. No obstante, admiten que tal decisión recae en la Generalitat, bajo la dirección del socialista Salvador Illa, tal como se ha manifestado en un acuerdo con el PSOE que busca otorgar a Cataluña el control sobre la inmigración.

Las fuentes apuntan que la nueva legislación prevé la creación de una "herramienta" mediante la cual la Generalitat podrá implementar esta política, reflejando así "el respeto hacia la cultura y los valores" de la región. Junts aclara que, aunque consideran fundamental esta exigencia para su gestión, corresponde a la Generalitat llevarla a cabo.

La propuesta de ley que facilitará la delegación de competencias migratorias a Cataluña establece que los migrantes deberán estar dispuestos a respetar los "valores cívicos" y poseer "conocimientos lingüísticos y culturales". El documento señala que Cataluña opta por un modelo que valora los derechos inclusivos, pero que también establece deberes tanto para quienes llegan de fuera como para la población que los acoge, subrayando la importancia de un compromiso recíproco en cuanto a la integración y el respeto por los valores que caracterizan a la sociedad catalana.

Además, el acuerdo entre los socialistas e independentistas permitirá a los Mossos d'Esquadra participar en la gestión de la inmigración en las fronteras, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta coordinación será gestionada por la Junta de Seguridad catalana, lo que plantea un gran desafío para la Generalitat, al otorgar "competencias plenas" en este ámbito a los Mossos.

Sin embargo, la Generalitat no asumirá competencias en asuntos como el tráfico de armas o temas relacionados con la seguridad nacional, ya que estas materias continúan bajo el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al menos por el momento.

En cuanto a la gestión de expulsiones, la decisión final seguirá perteneciendo al Gobierno central, que tomará en consideración las opiniones de la Junta de Seguridad catalana cuando se requiera un expediente. Así, Cataluña podrá presentar propuestas de resolución relacionadas con las sanciones impuestas a personas que residen en su comunidad autónoma.

Asimismo, Cataluña se convertirá en una "ventanilla única" para la expedición de permisos de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia permanente, además de emitir documentos de identidad para extranjeros, basándose en el registro del NIE del Estado español. También está previsto un aumento en el número de agentes de los Mossos, que pasarán de 1,800 a un total de 26,800 efectivos.

Por último, respecto a los recursos financieros necesarios para gestionar estas competencias en materia de inmigración, fuentes de Junts han asegurado que se realizarán las transferencias económicas precisas para llevar a cabo estas responsabilidades de manera adecuada.