El partido político Junts ha levantado la voz en el Congreso, señalando un preocupante fenómeno entre los temporeros migrantes que, según afirman, están presentando solicitudes de permisos de paternidad basadas en la afirmación de que en sus países de origen practican la poligamia.

La iniciativa, que será defendida en una sesión plenaria programada para este martes, busca implementar medidas más estrictas en la concesión de estos permisos, a raíz de denuncias de posibles abusos y fraudes en el sistema. La propuesta, registrada en agosto, se debatirá paralelamente a la consideración de una ley que otorgaría a Cataluña mayores competencias en materia de inmigración, una normativa acordada con el PSOE en marzo.

Junts ha elaborado su argumentación aduciendo un aumento notable en las solicitudes de prestaciones por paternidad de trabajadores migrantes, con una mayor incidencia en sectores como la agricultura y la construcción. Este crecimiento ha suscitado inquietudes sobre la legalidad de numerosas solicitudes, muchas de las cuales carecen de la documentación necesaria para su verificación efectiva.

Isidre Gavín, diputado de la formación independentista, ha llevado este asunto a la sesión de control del Gobierno, donde ha denunciado que, en varias ocasiones, las administraciones aceptan documentos presentados por temporeros que son difícilmente legibles.

Además, Gavín ha expuesto casos donde temporeros solicitan múltiples permisos de paternidad alegando poligamia, y ha afirmado que, tras obtener estos permisos, muchos de estos trabajadores terminan laborando en la economía informal.

Frente a esta situación, Junts propone la modificación del artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, que regula las prestaciones por maternidad y paternidad, para establecer requisitos más específicos que ayudarían a prevenir fraudes.

Entre las modificaciones que plantean, se incluiría la exigencia de "certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles", con el fin de asegurar que las prestaciones se conceden solo a quienes cumplen correctamente con las condiciones establecidas en la ley.

No obstante, durante la sesión de control, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se opuso a una reforma tan drástica, argumentando que las sanciones impuestas por posibles fraudes en Cataluña son escasas, apenas 22 en total, lo que consideró una cifra "anecdótica".

La ministra subrayó que una modificación de la normativa debido a un problema considerado menor no sería un enfoque apropiado, ya que los casos de abuso impactan tanto a trabajadores españoles como a migrantes.

Saiz aclaró que, en el caso de nacimientos en el extranjero, es obligatorio presentar un certificado de nacimiento debidamente legalizado, y si existen dudas sobre la autenticidad del documento, la Seguridad Social verifica su veracidad con las autoridades competentes.

En caso de detectar indicios de fraude, el caso es enviado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su revisión. Saiz concluyó que la legislación actual ya dispone de suficientes mecanismos para abordar y sancionar cualquier intento de fraude, sin necesidad de instaurar nuevos requisitos.