En un reciente desarrollo en el caso del famoso cantante Julio Iglesias, su abogado ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ponga fin a la investigación que lo involucra en presuntos delitos de agresión sexual. Según su defensa, estos supuestos incidentes ocurrieron en el Caribe, lo que plantea dudas sobre la competencia judicial de los tribunales españoles.

El letrado José Antonio Choclán, en un documento presentado ante el Ministerio Público, argumenta que Iglesias no se encuentra en España y que, por lo tanto, la jurisdicción española no debería aplicar. Choclán también ha solicitado ser reconocido como parte del proceso para poder proteger los intereses de su cliente y contrarrestar lo que considera una campaña mediática que ha perjudicado la reputación de Iglesias.

En su defensa, el abogado destaca que tanto el cantante como las supuestas víctimas no tienen una conexión directa con el país, ya que Iglesias reside en el lugar donde ocurrieron los actos denunciados, y las denunciantes no son ciudadanas españolas. Choclán hace hincapié en que, de existir algún tipo de delito, la denuncia debió ser presentada en el sitio donde sucedieron los hechos y no seleccionar la jurisdicción de modo conveniente.

De seguir adelante la investigación y si decide tomar declaraciones de las denunciantes, Choclán ha solicitado poder participar en estas diligencias, con el fin de desmentir las acusaciones y salvaguardar el honor de Iglesias. Este movimiento señala la intención de usar todos los recursos legales para defender sus derechos y enfrentar lo que califica de acciones penales abusivas y campañas de desprestigio.

Es relevante mencionar que Iglesias, a través de un mensaje en su Instagram, ha calificado las acusaciones como "completamente falsas", expresando su tristeza ante la situación y anunciando su determinación de salir a la luz con la verdad para restaurar su dignidad frente a lo que considera un ataque infundado.

La controversia involucra a dos exempleadas de Iglesias, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, quienes han denunciado tocamientos y un entorno hostil de trabajo caracterizado por el acoso. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por 'elDiario.es' y Univisión Noticias, ha habido alegaciones de presiones para mantener relaciones sexuales en un ambiente de control extremo.

Una de las denunciantes ha revelado que el artista, que contaba con 77 años en ese momento, frecuentemente la llamaba a su habitación tras su jornada laboral. Ella se siente despojada de su humanidad, describiendo su experiencia como la de una “esclava” bajo el dominio del cantante, lo que añade un matiz sombrío a las acusaciones.

Las pruebas recopiladas en esta investigación son numerosas, y abarcan testimonios consistentes de las víctimas, así como evidencia documental como mensajes de WhatsApp, informes médicos y otros registros que admiten la veracidad de sus relatos.

Los incidentes denunciados habrían tenido lugar en las propiedades de Julio Iglesias en Punta Cana y en Lyford Cay, lugares que, según afirman las denunciantes, eran gestionados por personas que conocían la situación y que también formaban parte del entorno que permitía estas conductas indebidas.