Jueza de El Bocal señala a Costas como responsable del cuidado de la pasarela y abre investigación contra dos funcionarios.

En un nuevo giro en el caso de la tragedia ocurrida en la pasarela de El Bocal, la jueza Rosa Martínez ha decidido iniciar acciones penales contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria. Según su instructora, la administración central tiene la obligación de asegurar la conservación y el mantenimiento de esta infraestructura, que colapsó el 3 de marzo, resultando en la trágica muerte de seis personas y dejando a otra en estado grave.

Los funcionarios implicados son José Antonio Osorio, jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y responsable de la dirección del proyecto de la senda costera de 2014, así como el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de esta misma entidad. La jueza considera que hay suficientes pruebas para sospechar un posible comportamiento negligente en el mantenimiento de la pasarela, que se ha mantenido abierta al público desde su construcción sin restricciones.

Un documento judicial puesto a disposición del público señala que la Demarcación de Costas podría ser considerada responsable civil debido a que se encarga del mantenimiento de las obras de la senda peatonal, que, según la magistrada, se encuentran aún sin terminar. De hecho, las obras iniciales comenzaron en 2012, pero fueron abandonadas, y el siguiente proyecto anunciado en 2016 nunca obtuvo la aprobación necesaria.

La situación es grave según la magistrada, quien apunta que la reparación realizada en el verano de 2024 solo afectó a la estructura de madera, mientras que los componentes metálicos estaban en un estado de oxidación avanzado, lo que sugiere que esas intervenciones podrían haber sido insuficientes y que se podría haber incurrido en negligencia.

La jueza ha tomado esta decisión tras revisar documentación presentada tanto por la administración central como por el Ayuntamiento de Santander, que evidencia que las obras de la senda peatonal no han sido entregadas formalmente al municipio, impidiendo que este asumiera la responsabilidad del mantenimiento. En su auto, confirma que la Demarcación de Costas es la única entidad responsable de garantizar que la infraestructura se mantenga en condiciones adecuadas para el uso del público.

Además, la magistrada recuerda que un informe de un vigilante de Costas había alertado previamente sobre el mal estado de algunos componentes de la pasarela. A pesar de estas advertencias, las reparaciones realizadas posteriormente se limitaron a aspectos menores que no abordaron la total seguridad de la estructura, lo que refuerza la sospecha de falta de diligencia en el mantenimiento.

Con el objetivo de esclarecer los hechos, la magistrada ha solicitado un informe pericial que evalúe si las obras de reparación realizadas por la Demarcación de Costas fueron adecuadas. También se busca determinar si el deterioro de la pasarela era evidente en el periodo previo al colapso, especialmente tomando en cuenta la responsabilidad del Ayuntamiento en cuanto a la seguridad en espacios públicos.

Por otro lado, el auto judicial recalca que, a pesar de que la responsabilidad primaria del mantenimiento recae sobre la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de Santander tiene la autoridad para implementar medidas de seguridad en áreas accesibles al público. Esto plantea la necesidad de investigar si se adoptaron acciones apropiadas en relación al creciente deterioro de la pasarela antes del accidente.

La jueza ha dispuesto que se obtenga evidencia sobre el estado visual de la pasarela antes del incidente, solicitando la recopilación de fotografías y testimonios de aquellos que utilizaron la pasarela en las semanas previas. Entre los testigos se incluye a una integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, quien ofrecerá su testimonio el próximo 27 de marzo.

Este caso no solo pone en cuestión la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sino que también plantea graves interrogantes sobre los protocolos de seguridad y mantenimiento de infraestructuras públicas, y cómo la negligencia puede tener consecuencias trágicas para la comunidad.