Se presentan serias acusaciones contra Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en relación con la contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Un juez del caso que investiga este asunto ha solicitado al Tribunal Supremo que inicie una investigación por posibles delitos de malversación y falso testimonio.

Esta decisión ha sido tomada por el juez Juan Carlos Peinado, quien, en su exposición dirigida a la sala penal del máximo tribunal español, expone que la investigación ha revelado indicios suficientes para investigar la conducta de Bolaños en su papel como miembro del Gobierno. El magistrado argumenta que los delitos asociados a su actuación están intrínsecamente ligados al Caso Begoña Gómez.

De acuerdo con las afirmaciones en la exposición, Cristina Álvarez fue contratada para desempeñar funciones de directora de programas destinados a asistir a Begoña Gómez. Esto se interpretaría como un uso indebido de recursos públicos, dado que las tareas de Álvarez eran de naturaleza privada y no se relacionaban con funciones de carácter oficial o protocolario inherentes a su cargo.

Además, el juez Peinado ha indicado que Félix Bolaños, quien hasta ahora actuaba como testigo, podría haber proporcionado un testimonio falso bajo juramento durante su declaración en abril de 2025. Esta declaración incrementa la sospecha de que su conducta podría constituir tanto malversación de fondos públicos como un delito de falso testimonio.

Ante estos nuevos desarrollos, la situación del ministro Bolaños se torna más delicada, y se abre un camino hacia una posible investigación que podría tener importantes repercusiones para su carrera política.