Madrid, 21 de mayo. En un reciente desarrollo judicial en Estados Unidos, un magistrado federal ha instado a la Administración encabezada por Donald Trump a retener la "custodia" y el "control" de un grupo específico de migrantes que podrían ser enviados a países terceros. Esta medida se adopta con el fin de asegurar su posible regreso a Estados Unidos en caso de que se determine que sus reubicaciones fueron ilegales. Esta preocupación surge en medio de denuncias de abogados sobre posibles deportaciones a Sudán del Sur.

Los letrados han presentado una solicitud urgente ante el juez Brian Murphy, quien ya había expresado su oposición a deportaciones sin las debidas garantías legales. Buscan esclarecer si se han producido expulsiones de migrantes originarios de Birmania y Vietnam hacia Sudán del Sur, según reporta CBS News. Los abogados sostienen que el Gobierno de EE. UU. podría estar vulnerando las directrices emitidas por el propio Murphy.

Argumentan que trasladar a estos migrantes a Sudán del Sur podría infligirles un "daño irreparable", dado que dicho país es ampliamente conocido por su inestabilidad y violencia. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. ha advertido repetidamente que no se recomienda viajar a esta nación. Por lo tanto, exigen que, de confirmar las deportaciones, estas personas sean devueltas a suelo estadounidense.

A pesar de que la Administración Trump no se ha pronunciado oficialmente en esta controversia, se ha dado a conocer que en las últimas semanas han establecido contratos con varios países para abordar la cuestión de las deportaciones, continuando la línea de acuerdos previos con naciones como El Salvador, los cuales han facilitado el retorno forzado de migrantes de otros países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela.

El juez Murphy también ha dejado claro que cualquier intento de deportar migrantes a países como Libia o Arabia Saudí podría constituir una transgresión a su orden si se verifica que las autoridades no han notificado adecuadamente ni proporcionado recursos legales a los afectados.