En una nueva revelación sobre una de las tramas de fraude más significativas en el sector de hidrocarburos, el juez Santiago Pedraz ha tomado medidas decisivas para rastrear y asegurar los fondos relacionados con 27 empresas en Portugal, presuntamente ligadas a un desfalco que podría haber perjudicado a la Hacienda Pública en más de 182,5 millones de euros a través del IVA en el sector carburantes.

En el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que el juez Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, emitió una orden europea de investigación en julio pasado, solicitando la colaboración de las autoridades portuguesas. Esta orden fue ampliada en noviembre, evidenciando el carácter proactivo del juez en la búsqueda de información necesaria para esclarecer los hechos.

Las autoridades portuguesas han recibido la instrucción de bloquear las cuentas bancarias asociadas a las empresas mencionadas y se les ha pedido que informen sobre cualquier actividad sospechosa de blanqueo de capitales que las instituciones bancarias hayan identificado. Este paso revela la magnitud de la investigación y el interés por parte del sistema judicial español en asegurar que no se pierdan más fondos involucrados en el supuesto fraude.

El juez también ha solicitado un desglose completo de los movimientos de estas cuentas, abarcando desde su apertura hasta la fecha de la solicitud, con un especial interés en identificar las cuentas de origen y destino, además de los individuos y empresas implicados en dichas transacciones.

Además, está ordenando que se localicen y se identifiquen las direcciones sociales y operativas de cada una de las empresas implicadas. También requiere información sobre los actuales y antiguos accionistas, socios y apoderados desde la fundación de las sociedades hasta el presente.

En un esfuerzo por tener una visión clara de los activos de estas empresas, el juez está pidiendo que se evalúe su patrimonio, incluyendo tanto bienes muebles como inmuebles, así como una identificación de los productos y servicios financieros que pudieran tener contratados las personas o entidades a nombre de las cuales están registradas las cuentas ligadas a la trama.

El magistrado explica en su orden que la Guardia Civil ha aportado informes que asocian a diversas empresas en Portugal con el operativo fraudulento. Se sospecha que estas entidades han recibido fondos de empresas operadoras y suministradoras que se asociarían directamente con el fraude, actuando como intermediarias en un esquema de lavado que permitiría el desvío y la ocultación de más de 68 millones de euros.

El flujo de capital ilegalmente obtenido habría regresado a España a través de entidades como MTM 180 CAPITAL SL, donde se ha detectado que los fondos han sido utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y otras inversiones, un movimiento que habría tenido lugar a través de cuentas de empresas portuguesas vinculadas.

Particularmente, la Unidad Central Operativa (UCO) ha identificado a Víctor de Aldama como el "administrador único y titular real" de Atmosferaaudaz Unipessoal LDA, señalando que esta empresa fue utilizada para camuflar y dificultar la trazabilidad de los fondos obtenidos de manera ilícita.

Por otra parte, se ha confirmado que la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes, dependiente del Ministerio de Justicia, ha sido designada para gestionar los activos involucrados en esta compleja trama, incluyendo cuentas bancarias, productos petrolíferos y bienes inmuebles. A partir de informes recientes, se ha informado que están bajo su custodia un total de 73 propiedades con restricciones que impiden su disposición o venta, como se había establecido en las resoluciones del juzgado.