El día 11 de abril, un buque militar de Italia zarpó desde el puerto de Brindisi con rumbo a Albania, transportando a un grupo de 40 inmigrantes de diferentes nacionalidades que enfrentan órdenes de expulsión. Este es el primer movimiento de este tipo desde que el gobierno de Giorgia Meloni decidió reestructurar el uso de las instalaciones en territorio albanés, en respuesta a varias decisiones judiciales desfavorables.

Originalmente, estas instalaciones estaban destinadas a albergar a personas rescatadas en el Mediterráneo que no calificaban para asilo, por ejemplo, aquellos provenientes de países considerados seguros. Sin embargo, ante las preocupaciones del sistema judicial, el Ejecutivo optó por convertir estos lugares en Centros Permanentes para la Repatriación.

Los 40 migrantes que serán llevados a la localidad albanesa de Gjader se encuentran bajo órdenes de expulsión. No obstante, esta operación ha suscitado controversia, lo que llevó a la organización de una manifestación en el puerto de Brindisi el jueves pasado. La situación requirió el despliegue de un importante dispositivo de seguridad, según informa la agencia AdnKronos.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha subrayado la importancia de “explorar nuevas estrategias para manejar el fenómeno migratorio,” mientras el gobierno aguarda la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de estas instalaciones en Albania.