El 3 de octubre en Madrid, un desarrollo significativo tuvo lugar en el contexto de la controversia actual entre Italia e Israel, ya que el gobierno israelí ha llevado a cabo la expulsión de cuatro representantes italianos que formaban parte de la Flotilla Global Sumud. Este grupo fue interceptado por las fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales, y posteriormente, los expulsados se encuentran en el aeropuerto de Tel Aviv listos para regresar a Roma.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia confirmó que los parlamentarios involucrados, incluyendo al senador Marco Croatti, el diputado Arturo Scotto y las eurodiputadas Annalisa Corrado y Benedetta Scuderi, han sido liberados y se están preparando para su vuelo de regreso a la capital italiana.

Además, la Embajada de Italia en Israel no se quedó atrás en su esfuerzo por garantizar la asistencia consular. Un equipo diplomático se dirigió al puerto de Asdod para realizar las visitas necesarias a los detenidos y solicitó la liberación inmediata de otros ciudadanos italianos que aún permanecen en custodia; se estima que su número supera los 40, de acuerdo a información proporcionada por la agencia AdnKronos.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, comunicó el jueves que se había puesto en contacto con su contraparte israelí, Gideon Saar. Como resultado de esa conversación, se supo que el gobierno de Netanyahu planeaba deportar a todos los miembros de la Flotilla Global Sumud mediante dos vuelos chárter a ciudades como Madrid y Londres.

Desde la perspectiva de las autoridades israelíes, se enfatizó que ninguno de los barcos de la flotilla pudo superar el "bloqueo naval" establecido sobre Gaza. En un pronunciamiento oficial, se aseguró que todos los activistas interceptados serían deportados hacia Europa, cerrando así la fase de "provocación", mientras que los aproximadamente 470 activistas a bordo de los barcos fueron llevados al puerto de Asdod.

Por otro lado, la Flotilla Global Sumud se expresó enérgicamente, considerando su operación como una medida humanitaria y catalogando la intervención israelí como un "ataque ilegal contra activistas desarmados". Abogaron por la "desobediencia civil" como respuesta a lo que describieron como una "normalidad genocida", en un contexto marcado por la ofensiva de Israel contra Gaza en reacción a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo Hamas.

En términos de las consecuencias de la ofensiva israelí, se reporta que hasta el momento, más de 66,200 palestinos han perdido la vida, incluidos 455 ciudadanos, entre ellos 151 niños, debido a la hambruna y desnutrición. Estas cifras han levantado fuertes críticas en la comunidad internacional respecto a las acciones del Ejército israelí, especialmente en lo que respecta a la restricción en la entrega de ayuda humanitaria, lo que ha llevado a que el norte de Gaza sea declarado zona de hambre.