Israel critica la hipocresía de la UE y su intromisión en la nueva ley sobre la pena de muerte.

En un reciente giro de controversia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha expresado su fuerte desacuerdo con la actitud de la Unión Europea (UE) respecto a su nueva ley sobre la pena de muerte, que fue aprobada por la Comisión de Seguridad de la Knesset. Este enfoque ha sido señalado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) como "profundamente preocupante".

Las autoridades israelíes han denunciado la intervención de la UE en lo que consideran un asunto exclusivo de su soberanía. En una afirmación clara a través de las redes sociales del ministerio, se destacó que Israel tiene el derecho de "legislar sus propias leyes" sin la intrusión de otros estados o entidades internacionales.

La publicación del ministerio no sólo critica el intervencionismo de la UE, sino que también señala un doble estándar en su postura. Según aseguran desde Tel Aviv, la UE ha mantenido un silencio absoluto sobre la pena de muerte en países como Estados Unidos, Japón, India o Egipto, mientras que se centra "obsesivamente" en las acciones de Israel.

Israel defendió su derecho a implementar la pena capital, explicando que la nueva regulación no transformará su actual legislación, donde ya se contempla esta medida. La decisión sobre la aplicación de dicha pena, aseguran, seguirá estando en manos del sistema judicial.

Este pronunciamiento llega en un contexto donde Israel enfrenta un nivel de violencia y terrorismo que, según sus autoridades, es inigualable en otras partes del mundo. Además, se señala que la situación se ve empeorada por el apoyo financiero de la Autoridad Palestina a los terroristas, lo que también provoca reducciones en las penas para aquellos que cometen delitos graves.

La UE ha manifestado su preocupación por el avance de este proyecto de ley en la Knesset, advirtiendo que su aprobación representaría un significativo retroceso en términos de derechos humanos y democracia. Instan a Israel a adherirse a sus compromisos en el marco del Derecho Internacional y a los principios establecidos en el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.

La ley en cuestión busca modificar el Código Penal para incluir la pena de muerte en delitos de terrorismo cometidos contra israelíes por motivos ideológicos o racistas, lo que clasificaría dichos crímenes de manera severa. Además, la aplicación de la pena capital se extendería a casos de terrorismo y otras formas de agresión definidas de manera menos específica, lo que genera aún más debate y polémica.