En un reciente pronunciamiento, Irene Montero, eurodiputada y figura clave dentro del partido Podemos, ha insistido en la obligación del Gobierno de asegurar la protección del menor en el caso del hijo de Juana Rivas. Montero sostiene que el infante no debe regresar a Italia con su padre, Francesco Arcuri, invocando una excepción del Convenio de La Haya. “El Estado tiene una responsabilidad directa sobre el bienestar de Daniel”, puntualizó.

Durante una entrevista en RNE, también divulgada por Europa Press, Montero subrayó la importancia de que el sistema de justicia preste atención a las necesidades del niño. En su intervención, hizo hincapié en que solo se ha escuchado a Daniel en una ocasión, cuando el juzgado de Guardia 4 de Granada decidió suspender la entrega a su padre tras un breve interrogatorio.

La exministra de Igualdad enfatizó que “Daniel, un niño de 11 años, es el testigo principal en un proceso judicial que enfrentará su padre en septiembre por acusaciones de malos tratos”. Indicó que el progenitor ha sido señalado por maltratar tanto a Daniel como a su hermano en Italia, lo que convierte su regreso en un verdadero riesgo para el menor. “Si Daniel vuelve con su padre, está en peligro inminente”, alertó.

Montero mostró su desconcierto ante la posibilidad de que el sistema judicial español permita que un niño tenga que convivir con quien es objeto de su testimonio. “Es incomprensible que la justicia haga que este niño llegue al juicio de la mano del hombre al que tiene que señalar”, expresó con preocupación.

La eurodiputada destacó la pertinencia de diversos tratados internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño y las normativas europeas, que priorizan el interés superior del menor. “Es un principio fundamental que debe presidir cualquier decisión relacionada con Daniel”, agregó.

Montero reafirmó que “es responsabilidad del Estado garantizar la vida y la salud de Daniel, así como sus derechos”. Insistió en que la entrega al padre no debería realizarse si representa un riesgo para el niño, ya sea físico o emocional. “El propio Daniel ha expresado su temor y ha denunciado amenazas de muerte y maltrato por parte de su padre, lo cual debería ser suficiente para detener esa entrega”, argumentó.

Finalmente, Irene Montero alertó que si el Estado y el sistema judicial permiten que Daniel se exponga a tal riesgo, tendrán que asumir la responsabilidad de lo que le ocurra. Recordó que han habido condenas previas por parte de Naciones Unidas vinculadas a situaciones similares, destacando la gravedad de evitar que la historia se repita.