MADRID, 4 de noviembre.

Un reciente estudio de la asociación ecologista Transporte y Medio Ambiente (T&E) sostiene que una inversión pública anual de 39.000 millones de euros es fundamental para asegurar el futuro del transporte ecológico en Europa. Esta propuesta surge en el contexto de la necesidad de mantener la competitividad del continente y de impulsar la creación de tecnología de transporte sostenible dentro de sus fronteras.

El informe enfatiza que, para lograr estos objetivos, es imperativo un cambio de enfoque en el gasto público, desviando recursos de infraestructuras tradicionales, como carreteras y aeropuertos, hacia nuevas infraestructuras energéticas que respaldan la transición hacia un transporte descarbonizado. Este giro en las inversiones es considerado vital por T&E para lograr una efectiva reducción de emisiones en el sector del transporte por carretera.

Además, el estudio destaca que la intervención pública en áreas como el alquiler social de vehículos eléctricos, el desarrollo de combustibles ecológicos, la producción de baterías y la construcción de puntos de recarga podría desencadenar un aumento significativo en el gasto privado en tecnología ecológica. Se estima que hasta 2030, esta ayuda podría multiplicar por siete las inversiones privadas, alcanzando un total de 271.000 millones de euros, lo que elevaría la suma global de inversiones, tanto públicas como privadas, a 507.000 millones de euros anuales para el año 2040, en línea con el avance hacia tecnologías de transporte más sostenibles.

A pesar de estas cifras alentadoras, el informe precisa que la mayor parte de la inversión —un 87%— provendría de inversores privados, como fabricantes y entidades bancarias. No obstante, las industrias que requieren intensas inversiones de capital, así como las infraestructuras energéticas, dependen en gran medida del apoyo del sector público. En este sentido, T&E subraya que la cifra de 39.000 millones de euros en inversiones anuales hasta 2030 es notablemente inferior a los 42.000 millones de euros que los gobiernos europeos actualmente destinan a subsidios para vehículos de empresa que funcionan con gasolina y diésel.

En respuesta a este escenario, T&E propone la creación de un fondo comunitario de 25.000 millones de euros destinado a fomentar la producción de baterías en Europa, un sector cada vez más amenazado por la competencia china. Este fondo no solo facilitaría la financiación pública necesaria para aumentar la producción local de baterías, sino que también permitiría un mejor acceso a materiales esenciales y, a su vez, reduciría los riesgos asociados con las inversiones en componentes críticos, tales como los cátodos.