El Ministerio del Interior ha defendido sus planes operativos en marcha contra diversas amenazas delictivas en España, como lo son la okupación ilegal de inmuebles, las bandas juveniles violentas, el crimen organizado en el Campo de Gibraltar y los delitos informáticos. La institución afirma que a pesar de que la criminalidad total registrada policialmente en el país ha crecido un 5,7%, no existe una crisis de inseguridad.

El Gobierno español, en respuesta a una pregunta realizada por Vox, ha subrayado que el mayor incremento cuantitativo en 2022 corresponde a las estafas telemáticas, aunque reconoce que la estadística se vio afectada en los últimos dos años debido a la pandemia de la COVID-19. En el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior de 2022 también se refleja un aumento del 53% en el número de violaciones, un repunte significativo de las tentativas de homicidios (+44%) y de los delitos relacionados con lesiones y riña tumultuaria (+31,8%) en comparación con 2019. Asimismo, la cibercriminalidad también se ha incrementado en un 72% en el mismo período.

A pesar de estos datos, el Ejecutivo niega una crisis de inseguridad en España y recalca que los índices de criminalidad en comparación con otros países del entorno europeo como Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, son más bajos. La tasa de criminalidad en España es del 48,8 frente al 79,5 en el Reino Unido, el 60,7 en Alemania, el 53,9 en Dinamarca o el 74,8 en Bélgica.

El Ministerio del Interior hace hincapié en los diversos planes operativos específicos que ha implementado, como la elaboración de criterios de actuación para la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, la lucha contra el crimen organizado en la zona de Campo de Gibraltar, las bandas juveniles violentas, los planes de seguridad en zonas turísticas, escuelas y para las personas mayores. También se destaca la estrategia específica por el aumento de la cibercriminalidad.

El Ejecutivo relaciona el incremento de delitos en parte con las políticas de concienciación y reducción de la tolerancia social y personal hacia algunos tipos de delitos. Según el Gobierno, esto se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso del tráfico de drogas, se afirma que si este incrementa, es porque refleja un indicador de la actividad policial.

El Gobierno destaca además el aumento del esfuerzo inversor y la intención de revertir los 13.000 efectivos policiales que se perdieron durante la etapa del último Gobierno del Partido Popular. En 2023, España alcanzará el máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En resumen, se trata de un enfoque proactivo y preventivo para mantener los niveles de seguridad y reducir la delincuencia.