La dificultad para encontrar vivienda se ha convertido en un obstáculo principal para los traslados de los miembros de las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional, según el último informe presentado por el Observatorio de la Vida Militar a la Comisión de Defensa del Congreso. Este organismo, que actúa como asesor y consultor de las Cortes Generales, ha subrayado la importancia de implementar un plan de apoyo que incentive la movilidad de este colectivo.

El informe, que se dará a conocer este lunes, detalla las principales acciones emprendidas por el Observatorio durante el año 2023 y se enviará, además, a la Comisión de Defensa del Senado. La investigación se divide en tres secciones: una memoria de actividades, un análisis de los diversos aspectos de la carrera militar y un estudio enfocado en la movilidad geográfica de los militares.

Definida como el cambio del lugar habitual de trabajo, la movilidad geográfica incluye no solo los traslados de destino, sino también la participación en maniobras y despliegues necesarios para la preparación de los efectivos. El Observatorio sostiene que esta movilidad es esencial para mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, aunque reconoce que afecta a la vida familiar de los militares.

Particularmente, la Armada muestra una mayor movilidad en comparación con otros cuerpos, con los oficiales siendo los más propensos a trasladarse. En el caso de los suboficiales, los rangos superiores también reflejan altos índices de movilidad. Entre las tropas, se observa que aquellos en el Ejército del Aire presentan menores índices de desplazamiento.

El Observatorio propone diversas medidas para facilitar la movilidad, incluyendo compensaciones económicas por los gastos de vivienda, apoyo en transporte y mudanzas, así como la disponibilidad de residencias militares. Sin embargo, admite que estas iniciativas presentan limitaciones específicas.

En su análisis sobre los traslados, el organismo sugiere que todos los movimientos de residencia deben ser remunerados, considerándolos esenciales independientemente de la razón detrás del cambio. Además, enfatizan que los gastos de instalación deberían ser cubiertos, ya que representan una carga significativa para los militares.

El hecho de que los propios soldados deban asumir los costos de sus traslados limita aún más la movilidad, sobre todo en locaciones como Ceuta y Melilla, donde las mudanzas requieren medios adicionales de transporte. De igual forma, las compensaciones económicas actuales son consideradas insuficientes, alcanzando solo a una pequeña fracción del personal militar.

Entre las principales razones que dificultan el traslado familiar están el empleo del cónyuge, el apego a la localidad actual y los altos precios de la vivienda. Se destaca que el 46% de los militares que residen en áreas urbanas destinan más del 45% de su salario al alquiler, lo que resulta ser un factor significativo en su decisión de trasladarse o no.

Además, el informe resalta que, aunque se reciben ayudas al alquiler por un periodo limitado, la necesidad de vivienda persiste mucho después, lo que puede afectar gravemente su economía, sobre todo en ciudades con alquileres elevados como Madrid.

Por lo tanto, muchos militares optan por trasladarse sin sus familias para evitar gastos excesivos, lo que dificulta la conciliación familiar y aumenta la incertidumbre sobre su próximo destino. La falta de plazas en alojamientos logísticos también contribuye a este problema.

Aunque el informe indica que muchos de estos problemas tienden a desaparecer en misiones exteriores, donde las condiciones son más favorables, la necesidad de un Plan Integral que aborde la movilidad geográfica es considerada como una prioridad. Este plan debería ofrecer un enfoque más holístico que tome en cuenta aspectos normativos, económicos, educativos y sociales, para aquellas necesidades que enfrenta el personal militar actualmente.