El Congreso de los Diputados ha otorgado la indemnización por cese a los exdiputados Juan Bernardo Fuentes Curbelo del PSOE y Alberto Casero del PP, quienes están siendo investigados por la justicia. Ambos recibirán un total de 12.507,56 euros en concepto de una figura similar a la prestación por desempleo.

Fuentes Cuberlo renunció a su escaño el 14 de febrero tras conocerse que estaba siendo investigado por el caso Mediador. Casero, por su parte, renunció el 6 de marzo, después de que un juez instructor del Tribunal Supremo recomendara procesarle por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

Los exdiputados solicitaron a la Mesa del Congreso que se les abonara la indemnización a la que tienen derecho. Todo diputado que deje su escaño y haya estado al menos dos años en la Cámara tiene derecho a percibir una indemnización por cese, que es incompatible con otros ingresos públicos o privados. Esta es una especie de subsidio de desempleo, ya que los diputados no tienen acceso al paro por no estar en el régimen de la Seguridad Social.

La Mesa del Congreso autorizó a ambos exdiputados a cobrar esa prestación, la cual es equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario.

La Mesa del Congreso les ha autorizado a percibir cuatro mensualidades. Fuentes Cuberlo ya ha cobrado la mensualidad correspondiente a marzo y abril, puesto que tenía adquirido el derecho desde mediados de febrero. Al exdiputado canario, quien mantuvo su acta durante tres años, le quedarían aún dos pagos pendientes.

En el caso de Casero, quien fue diputado durante seis meses en la anterior legislatura y más de tres años en la actual, ha recibido este mes de abril el primero de los cuatro ingresos que percibirá si sus circunstancias no cambian.

La indemnización por cese no se abona de una sola vez, sino que se divide y el Congreso la va pagando mensualmente. Esto es así porque esta prestación es incompatible con la percepción de cualquier otra retribución, con lo que en cualquier momento la Cámara puede detener el pago si se detectan otros ingresos del exdiputado.