En Madrid, este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, liderará una reunión crucial del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este encuentro, presentará a las comunidades autónomas su nuevo modelo de financiación, una propuesta que ha generado descontento en diversos sectores, tanto en aquellos gobernados por el PP como entre ciertos miembros del PSOE, debido a su negociación previa con ERC.

Los consejeros autonómicos tienen una cita programada para las 10:30 horas en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ya se han manifestado inquietudes y posturas diferentes desde que Montero hizo público el nuevo modelo el pasado viernes, en una rueda de prensa.

Entre los aspectos destacados de este modelo se incluye un aumento en la cesión de la recaudación del IRPF a las comunidades, que pasará del 50% al 55%, y del IVA, que subirá del 50% al 56,5%, lo que se traduce en un incremento de 16.000 millones de euros en recursos para 2027.

El Gobierno ha introducido cambios en el método de cálculo de la población ajustada, que mide el número de habitantes en cada comunidad, considerando diversas variables que afectan el costo de los servicios y la necesidad de financiamiento.

En el ámbito fiscal, se incorpora una serie de impuestos al nuevo sistema, incluyendo el impuesto sobre el patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades de juego y el de residuos en vertederos.

El anuncio de Montero generó una inmediata reacción negativa por parte de las comunidades autónomas del PP, que argumentan que el modelo fue acordado previamente con Oriol Junqueras, líder de ERC, en una reunión en La Moncloa, lo que consideran un importantísimo inconveniente.

Los líderes autonómicos del PP califican el nuevo sistema como un simple "parche" y apuntan a la falta de garantías sobre la ordinalidad del modelo para regiones que no sean Cataluña. Algunos gobiernos regionales incluso han expresado su intención de llevar el asunto a los tribunales si la situación no se aclara.

A pesar de las críticas, las comunidades del PP planean presentar su propia alternativa de financiación en el consejo, alineada con los principios acordados por Alberto Núñez Feijóo y otros presidentes del PP durante un encuentro en septiembre. Anteriormente, en febrero, enviaron una carta al Gobierno en medio del debate sobre la reducción de la deuda, aunque no se abordaron los criterios de distribución de recursos.

A veces hay diferencias de opinión en las filas del PP, donde algunos líderes prefieren esperar a que Montero detalle su propuesta antes de expresar su postura de manera más clara.

Sin embargo, no solo el PP ha mostrado reservas, sino que algunos dirigentes del PSOE también han manifestado sus dudas sobre el nuevo modelo. Emiliano García-Page, uno de los más destacados, ha elevado la voz al pedir elecciones anticipadas ante lo que considera un potencial ataque a la cohesión del país.

Page afirmó: "Antes de que los independentistas decidan cómo se distribuye la riqueza de España, prefiero que sea el pueblo español quien hable".

El Principado de Asturias, otra comunidad gobernada por el PSOE, también ha expresado su preocupación, aunque de manera más contenida. Su consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, espera recibir más información en el CPFF de esta semana antes de pronunciarse.

Por su parte, el PSOE de Castilla y León ha rechazado la propuesta, calificándola de "insuficiente e injusta", según lo manifestado por el secretario autonómico, Carlos Martínez.

Desde Ferraz y otras federaciones afines a la dirección federal intentan defender el nuevo modelo, argumentando que generará más recursos para todas las comunidades, lo que sin duda alimentará el debate político en los próximos comicios.

La votación oficial sobre este nuevo modelo de financiación comenzará este miércoles en el CPFF. Con el respaldo del 50% de los votos del Gobierno, se espera que el modelo avance, especialmente gracias al apoyo de Cataluña, que ya ha manifestado su conformidad con el acuerdo con ERC.

Posteriormente, tras la reunión, Hacienda llevará a cabo encuentros bilaterales con cada comunidad autónoma para detallar los aspectos específicos del modelo.

Una vez completadas estas reuniones, el Gobierno presentará el texto de la ley orgánica a debate público, y luego se someterá a una segunda votación en el Consejo de Ministros antes de enviarse al Congreso de los Diputados, donde se busca obtener el apoyo necesario.

La ministra Montero ha subrayado que es fundamental que estas propuestas se formalicen en una ley orgánica, que reemplazaría la normativa anterior de financiación autonómica. Calculan que un borrador de esta ley podría estar listo en aproximadamente dos meses.

A pesar de ello, diversos grupos que apoyan al Gobierno ya han expresado su oposición a la propuesta de Montero, lo que augura un panorama político complejo en el futuro cercano.