Los recientes ataques en la provincia de Sourou, al norte de Burkina Faso, han dejado una estela de horror, con informes que sugieren la muerte de más de 200 personas. Este suceso se produce en un contexto de creciente violencia y actividad de grupos terroristas en la región, incluido el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), una facción vinculada a Al Qaeda en el Sahel.

Los ataques, que se llevaron a cabo en las localidades de Di, Guiedougou y Lanfiera, coinciden con una campaña de reclutamiento de los Voluntarios para la Defensa de la Patria, una agrupación de jóvenes armados que operan bajo la dirección del gobierno militar liderado por el capitán Ibrahim Traoré. Testimonios de los residentes indican que la situación ha escalado nuevamente en esta zona conflictiva.

Según sobrevivientes, el número de víctimas mortales en estas atrocidades podría superar las dos centenas, mientras que se reportan numerosos secuestros de habitantes locales. Anteriormente, estas comunidades habían establecido un acuerdo informal de “no agresión” con los insurgentes; sin embargo, este pacto se ha visto devastado por la intensificación de la “Operación Torbellino”, la ofensiva militar lanzada recientemente en la región.

A pesar de la presión ejercida por las fuerzas armadas, los residentes han expresado su preocupación por posibles represalias de los grupos terroristas, solicitando que el ejército mantenga su presencia en la zona un tiempo más. Esta solicitud se produce en medio de esfuerzos por sofocar la insurgencia, que ha obligado a milicianos a replegarse hacia la frontera con Malí.

Hasta el momento, ninguna organización terrorista ni las autoridades militares de Burkina Faso han emitido declaraciones sobre los disturbios, lo que deja en un velo de incertidumbre la situación en una región que sufre las consecuencias de la violencia y la inestabilidad.