En una reciente conferencia de prensa, la portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, se pronunció sobre la postura de la Comisión Europea, que ha manifestado dudas acerca de la Ley de Amnistía y su alineación con el interés general. Alegría afirmó que tanto el Gobierno español como la Comisión coinciden en que esta normativa no compromete los intereses financieros de la Unión Europea ni infringe las directrices contra el terrorismo.

La defensa de la amnistía, presentada por un abogado del Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), resaltó que esta medida se ha articulado en el marco de un pacto político para la investidura de Pedro Sánchez. Asimismo, señaló que el proceso acelerado de la ley ha contribuido a acentuar las divisiones en la clase política, así como en las instituciones y la sociedad española.

A pesar de las afirmaciones del abogado de la Comisión, quien sostuvo que la amnistía "no impide ni facilita" la evaluación del impacto del procés en los intereses financieros de la UE, Alegría reafirmó que ambas partes comparten la visión de que no hay afectaciones relevantes en ese sentido.

En su argumentación, la portavoz gubernamental también mencionó que tanto el Tribunal Constitucional como la Comisión de Venecia han señalado que la Amnistía tiene un "objetivo legítimo", respaldando la postura del Gobierno español.

Frente a nuevas preguntas sobre este tema, Alegría reiteró enfáticamente que la Comisión Europea respalda dos puntos esenciales: la amnistía no compromete los intereses económicos de la UE y es compatible con las normativas contra el terrorismo vigentes.

Previo a las declaraciones de Alegría, el abogado de la Comisión, Carlos Urraca Caviedes, expuso su perspectiva en una audiencia en el TJUE en Luxemburgo. Urraca argumentó que no parece que la Ley de Amnistía persiga un objetivo de interés general, ya que está vinculada a un acuerdo político para facilitar la formación del Gobierno español. También criticó que las autoridades españolas no siguieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre la importancia de un diálogo adecuado para alcanzar una verdadera reconciliación.

La audiencia se enfocó en una cuestión prejudicial referida al Tribunal de Cuentas, que está por determinar la responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros implicados en el uso indebido de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Bruselas ha manifestado que ciertas cláusulas de la ley podrían obstaculizar la capacidad del Tribunal de Cuentas para aplicar la legislación de la Unión, específicamente en lo concerniente a la verificación del impacto en los intereses financieros comunitarios relacionados con el caso en cuestión.

Por su parte, los asesores legales del Ejecutivo español han desestimado la existencia de un "vínculo suficiente" entre las infracciones amnistiadas y un posible daño a los intereses financieros, argumentando que, de considerarse una secesión, ello podría repercutir en la renta nacional bruta y, en consecuencia, en la contribución de España al presupuesto de la Unión Europea.