MADRID, 13 de enero. La reciente reforma de la Ley Orgánica que protege el derecho al honor, la intimidad familiar y la propia imagen va a restringir la capacidad de los delincuentes condenados a utilizar sus crímenes para generar contenido en los llamados 'true crimes'. Esta modificación, que excluye explícitamente los casos de violencia vicaria, busca salvaguardar el derecho al honor de las víctimas.

Este martes, el Gobierno aprobó en primera lectura el anteproyecto de esta ley, el cual elimina la necesidad de demostrar que un condenado ha participado en un 'true crime' para obtener beneficios económicos o notoriedad. A partir de ahora, las víctimas podrán invocar su derecho al honor para defenderse de tales usos de sus tragedias.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha señalado que el nuevo marco normativo proporcionará mayor protección a quienes han sido victimizados por delitos graves. Con esta ley, se declara como injerencia en el derecho al honor cualquier tipo de uso que el victimario haga de su delito, ya sea con fines lucrativos o para aumentar su presencia mediática.

Según lo expuesto por Bolaños, no será necesario que se obtenga un beneficio económico para que exista una violación del derecho al honor, lo que significa que los delincuentes no podrán explotar sus crímenes en programas de televisión o en cualquier otra forma de expresión artística.

El Ministerio de Justicia ha declarado que la norma se aplicará a cualquier individuo con una sentencia firme que utilice su delito como medio para ganar notoriedad o ingresos, o que sin justificación alguna menoscabe la honorabilidad de su víctima.

En cuanto a quién tiene la facultad de denunciar la violación del derecho al honor de una víctima de asesinato, se ha señalado que pueden hacerlo los herederos designados en su testamento, además del cónyuge o parejas con vínculos similares, así como descendientes, ascendientes o hermanos. La Fiscalía podrá actuar en ausencia de estas partes.

La regulación sobre casos de violencia vicaria ya se había incluido en el anteproyecto anterior de la Ley Orgánica, que introduce sanciones que prohíben la publicación o difusión de contenido relacionado directamente con delitos cometidos.

Durante la presentación de la ley, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refirió al controvertido libro 'El odio', que aborda el caso de José Bretón, responsable de la muerte de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz. Redondo destacó cómo la sociedad respondió en defensa de la víctima, subrayando la intención de que esta nueva ley respalde a la sociedad en sus deseos de justicia y reparación.

Respecto a la obra sobre Bretón, la ministra mencionó la necesidad de prevenir un conflicto entre el derecho a la integridad moral de la madre y la libertad creativa. Con esta nueva legislación, se pretende evitar dicha confrontación de derechos antes de que surja.

A pesar de que el libro iba a ser publicado por Anagrama en marzo de 2025, la editorial decidió suspender la publicación tras las protestas de Ruth Ortiz. Anagrama inicialmente defendió su derecho a publicar la obra, pero finalmente optó por cancelar el contrato con el autor en abril, después de que la presión social se intensificara.

Luisgé Martín, autor del libro, recuperó los derechos de su obra y afirmó su intención de seguir adelante con la publicación, argumentando que la editorial había cedido a la presión social.

En otro caso notable, la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, logró detener la producción de una serie documental sobre el asesinato de su hijo propiciado por la que fuera novia de su exmarido, Ana Julia Quezada. Ramírez compareció en el Senado para denunciar las intenciones de la condenada, tachándolas de "espurias".