El Ministerio de Función Pública se encuentra en una fase preparatoria para la oferta de empleo público correspondiente a 2025, con el objetivo de abrir negociaciones en junio. Esta acción se produce después de que se haya reportado la eliminación de más de 20,000 puestos de trabajo en la última década, según informaciones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato ha señalado que actualmente se están llevando a cabo consultas con varias organizaciones para determinar las áreas en las que es necesario aumentar el personal antes de que inicien las discusiones formales sobre el empleo público. Aunque aún no se han concretado las vacantes disponibles, se ha indicado que el Gobierno mantendrá una tendencia "positiva" en cuanto a la creación de nuevos puestos.

CSIF subraya la necesidad de que la Oferta de Empleo Público no se limite a cubrir las vacantes de los funcionarios que se jubilan, sino que se enfoque en solucionar el "déficit estructural" que enfrenta la administración pública. Las últimas cifras muestran que en 2024, las contrataciones alcanzaron las 18,747, casi el doble de las bajas, y la edad media de los empleados ha disminuido, con un considerable porcentaje de personal muy joven dentro de la plantilla.

El sindicato también ha expresado su preocupación por el hecho de que, a pesar de las promesas anteriores, la tasa de reposición estará presente en la oferta de empleo de 2025. Esta medida, argumentan, impide que se puedan hacer redimensionamientos efectivos en las plantillas, lo que a su vez repercute en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Con un 21% de la plantilla actual superando los 60 años de edad, la situación se vuelve más crítica ante el inminente retiro de estos profesionales. Además, el Ministerio está trabajando en un cambio organizativo que busca clasificar a los empleados públicos en "áreas funcionales" en lugar de la tradicional jerarquía departamental.

Este enfoque busca alinear las funciones administrativas con actividades centrales como la acción de gobierno y la gestión de recursos, con el fin de mejorar la utilización de los recursos humanos y aclarar las necesidades de nuevos trabajadores, formación y organización del personal.

CSIF ha enfatizado que cualquier reestructuración debe ir acompañada de un aumento en el número de empleados y mejoras en las condiciones laborales, destacando la importancia de que se lleve a cabo una evaluación del rendimiento y porcentaje de salario justo comparado con las administraciones locales y autonómicas.

Además, se ha anunciado la intención de presentar una propuesta legal para asegurar una revisión salarial de los funcionarios, dado que aún queda pendiente una mejora del 0,5% del año 2024. Los representantes del sindicato señalan que los funcionarios no deberían depender de la situación presupuestaria del Gobierno para garantizar su bienestar salarial.

Por último, CSIF ha denunciado la falta de avances en las negociaciones últimas, alegando que han pasado seis meses sin que se hayan alcanzado acuerdos significativos y que el Gobierno ha mostrado resistencia a discutir cuestiones clave. La secretaria de negociación del sindicato ha resaltado bloqueos en las solicitudes de jubilación anticipada, un derecho que ha quedado comprometido por reformas recientes.

El sindicato también ha expresado su preocupación por la escasez de personal en áreas vitales como la Seguridad Social, a pesar de las nuevas contrataciones, lo que ha llevado a la convocatoria de posibles medidas movilizadoras en caso de que sus reivindicaciones no sean atendidas adecuadamente.