Gobierno lanza obligatoriedad de factura electrónica B2B para empresas en plazos de uno a dos años, según su tamaño.

El Gobierno español ha tomado una medida significativa en su reunión del Consejo de Ministros al aprobar un nuevo decreto que establece la obligatoriedad del uso de facturas electrónicas entre las empresas y los trabajadores autónomos, conocido como sistema B2B. Este sistema se implementará de manera gradual, permitiendo que las empresas que generan más de 8 millones de euros en facturación se adapten en un año, mientras que las demás tendrán un plazo de dos años desde la publicación de la norma que regule esta plataforma pública de facturación.

El enfoque de esta nueva normativa es fortalecer la digitalización en el sector empresarial, reducir el problema de la morosidad y facilitar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan cobrar sus facturas de forma más rápida y predecible. Esta declaración fue realizada por Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del decreto.

La normativa define la factura electrónica como un archivo estructurado que permite una lectura automatizada, dejando atrás el uso de documentos en PDF o papel. Asimismo, se establece la obligación de que las empresas informen sobre el estado de cada factura, incluyendo si ha sido aceptada y la fecha en la que se realizó el pago efectivo.

Las empresas dispondrán de dos alternativas para realizar el intercambio de facturas electrónicas: a través de plataformas privadas que deben estar interconectadas, o mediante una opción pública y gratuita proporcionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Esta última estará disponible para todas las empresas, incluyendo aquellas de menor tamaño que emiten pocas facturas cada mes.

El despliegue de esta normativa se realizará en un cronograma gradual para permitir que todas las empresas se adapten con el tiempo necesario. Las reglas comenzarán a aplicarse un año después de la publicación de la orden ministerial que establecerá los detalles técnicos de la solución pública, la cual se espera que sea antes del 1 de julio de 2026.

Cuerpo enfatizó que el objetivo de este decreto es facilitar la inclusión de las pymes en este nuevo sistema, otorgando un periodo transitorio amplio que considere las distintas dimensiones de las empresas obligadas a cumplir con la normativa.

Este decreto sobre las facturas electrónicas afianza la propuesta en marcha del Ministerio de Hacienda conocida como 'Verifactu', que ya ha comenzado a aplicarse, aunque su impacto completo se espera para 2027. Aunque ambos proyectos están relacionados con la digitalización y la transparencia fiscal, son distintos en su enfoque. 'Verifactu' se centra en la lucha contra el fraude fiscal, imponiendo requisitos a los desarrolladores de software de facturación para evitar la manipulación de documentos y habilitando diversos mecanismos de reporte a la Agencia Tributaria.

Por otro lado, la regulación del sistema B2B desarrolla una parte de la Ley Crea y Crece (18/2022) y se alinea con la Agenda de Digitalización del IVA establecida por la Comisión Europea. Según el Ministerio de Cuerpo, la implementación de las facturas electrónicas B2B promete importantes ahorros en tiempo y recursos para las empresas que adopten esta tecnología.

La automatización de procesos permitirá a las empresas gestionar cientos o incluso miles de facturas anualmente en un formato estructurado, accesible directamente a su software contable, a diferencia de las entradas de facturas en PDF o papel, que requieren un trabajo manual adicional. Este avance ya se ha registrado en sectores como el gran consumo, la industria automotriz y el turismo.

El Gobierno reporta que actualmente se procesan más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España, generando ahorros estimados por encima de los 2.700 millones de euros. Si se logra alcanzar el objetivo de 2.000 millones de facturas al año, similar a la situación en Italia, se prevé que los ahorros superen los 8.000 millones para las empresas españolas, según las proyecciones del ministro Cuerpo.