El Gobierno niega intervención en préstamo a Plus Ultra y vincula a nuevo responsable de SEPI

El Ejecutivo ha aclarado que Julián Mateos, actual director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas (Fase), no participó en la concesión del préstamo de 34 millones de euros a Plus Ultra en marzo de 2021. La posición oficial subraya que el cargo fue creado en agosto de ese mismo año y que Mateos no tenía vínculo previo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este rechazo llega tras la difusión de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que analiza una conversación de marzo de 2020 entre directivos de la aerolínea, en la que se menciona el nombramiento de Mateos y posibles pagos relacionados. La Fiscalía de Madrid también levantó en julio de 2021 las medidas cautelares sobre la ayuda financiera, facilitando el rescate de la compañía.

El contexto político revela una estrategia del Gobierno para despejar dudas sobre posibles influencias indebidas en rescates financieros, en un momento de tensión por la gestión de fondos públicos en empresas en crisis. La figura del nuevo responsable de la SEPI se ha convertido en un punto de atención, tras las acusaciones y las sospechas derivadas de las conversaciones filtradas.

Las implicaciones políticas apuntan a una posible tensión entre la transparencia en la gestión de fondos públicos y las diferentes interpretaciones del rol de los responsables en entidades estatales. La oposición ha exigido mayor claridad y responsables concretos sobre la administración de ayudas a empresas en dificultades.

Desde el punto de vista institucional, el Gobierno busca consolidar la percepción de una gestión limpia, diferenciándose de las polémicas. La designación de Mateos, en un cargo creado meses después del rescate, parece diseñada para reforzar la confianza en la estructura de ayuda a empresas estratégicas.

El escenario futuro apunta a una mayor supervisión y posibles auditorías de los fondos públicos destinados a rescates empresariales. La transparencia en estos procesos será clave para evitar nuevas dudas o sospechas de influencias indebidas en decisiones de rescate.