El coste del absentismo laboral en España supera los 33.000 millones en 2025
El coste del absentismo en España supera los 33.000 millones en 2025, reflejando un problema de gestión y fraude que afecta a la economía y al sistema social.
Las cifras oficiales muestran que el coste del absentismo laboral en España ha pasado de 14.000 millones en 2018 a más de 33.000 millones en 2025, según datos de AIReF y el Banco de España. Este fenómeno afecta a cerca de 1.200.000 trabajadores que no acuden a sus empleos de forma habitual, generando un impacto económico sustancial y un aumento en el gasto de la Seguridad Social.
El debate en el ámbito político se ha centrado en la gestión del Gobierno respecto a estas cifras. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de tolerar y proteger lo que califican como fraude en las bajas laborales, mientras que el Ejecutivo y Sumar han cuestionado las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo, calificándolo de “problema” que requiere soluciones urgentes.
La discusión política refleja una tensión en torno a la responsabilidad en la lucha contra los abusos en las bajas laborales. Los populares consideran que la inacción del Gobierno favorece la perpetuación de prácticas fraudulentas, lo que, según ellos, perjudica la economía y los recursos públicos. Por su parte, el Ejecutivo defiende que se están tomando medidas para abordar el problema, incluyendo propuestas de supervisión médica y control del absentismo.
El trasfondo político revela también un enfrentamiento sobre la gestión y la prioridad de los recursos públicos. La oposición acusa a Sánchez de ausentarse del control parlamentario en múltiples ocasiones, mientras que los datos evidencian un aumento en el gasto y en la cantidad de personas que no trabajan por causas no justificadas, lo que complica la recuperación económica y social del país.
De cara al futuro, la polémica podría intensificarse si no se adoptan medidas eficaces. La tendencia al alza en los costes del absentismo obliga a los responsables políticos a diseñar políticas más eficaces y transparentes para reducir el fraude y mejorar la productividad. La gestión de este problema será clave en la evaluación de la recuperación económica en los próximos años.