Este martes, el Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar el Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) relacionado con la vivienda, el cual contará con una inversión pública de 1.300 millones de euros a lo largo de una década. De esta cantidad, se destinarán 1.000 millones a financiación y 300 millones a capitalización.

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, espera que esta inyección pública genere un efecto multiplicador de 2,4, lo que implica que por cada euro invertido por el Estado, se movilizarán 1,4 euros de fondos privados, un objetivo ambicioso que busca atender la crisis de acceso a la vivienda en España.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, subrayó durante la rueda de prensa que, mientras la vivienda continúe siendo una prioridad para los ciudadanos, el Gobierno se comprometerá a actuar con todos los recursos necesarios para fortalecer este sector, considerándolo un pilar esencial del Estado del bienestar.

Rodríguez destacó que el objetivo del Perte es no solo incrementar la oferta de vivienda, sino también reducir costos y promover prácticas más sostenibles y eficientes en el sector. Asimismo, enfatizó la importancia de garantizar la seguridad laboral en la construcción, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales operan con plantillas reducidas.

Desde el ministerio explican que la parte correspondiente a los 1.000 millones en financiación tiene como propósito estimular la creación de industrias que desarrollen productos industrializados para la construcción. Esto se llevará a cabo mediante colaboraciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras iniciativas alineadas con la recuperación económica y la modernización del sector.

Además, se reorientarán los fondos disponibles para impulsar la industrialización en la construcción a través de mecanismos existentes, lo que facilitará un entorno propicio para la innovación y el crecimiento en este ámbito.

Por su parte, la asignación de 300 millones destinada a la capitalización busca fortalecer el respaldo financiero de las empresas en el sector, tanto en la oferta como en la demanda, asegurando que puedan embarcarse en procesos necesarios de industrialización que generen un impacto positivo en la economía.

Las fuentes del ministerio destacan que el modelo de capitalización ya ha mostrado éxito en iniciativas anteriores, como la línea ICO de 4.000 millones, que ha permitido a promotores aumentar la oferta de viviendas a precios accesibles.

Es importante señalar que, en el contexto de la construcción industrializada, las empresas no pueden recurrir al crédito hipotecario de manera convencional, ya que no obtienen garantías tangibles hasta meses después de iniciar la producción, complicando así su acceso a financiamiento.

La inversión de 1.300 millones se activará de forma inmediata, permitiendo que las empresas comiencen a implementar la industrialización en sus procesos constructivos sin demoras. El ministerio aspira a lograr la producción de 15.000 viviendas industrializadas anuales en la próxima década, una cifra que consideran un equilibrio entre ambición y realidad.

Además, se busca incentivar la competitividad de las empresas nacionales y asegurar su viabilidad a largo plazo, promoviendo un modelo constructivo que además de reducir los tiempos de edificación, favorezca la inclusión de nuevos talentos, incluidas las mujeres, en el sector.

Con la expectativa de que la reducción en los tiempos de construcción, que podría oscilar entre un 20% y un 60%, no afecte negativamente el empleo, se argumenta que esta dinámica podría, en realidad, crear más oportunidades laborales dentro del sector.

El plan también establece que la concepción de vivienda asequible es un requisito para acceder a los fondos disponibles, destacándose la importancia de la construcción económica como prioridad del proyecto.

Sin embargo, se aclara que las empresas podrán destinar los recursos de capitalización a mejorar procesos productivos más allá del ámbito de viviendas asequibles, buscando también innovar en la industria.

Una vez que el Perte sea aprobado, el Gobierno iniciará reuniones con el ICO para definir los criterios de acceso a la inversión pública y formalizar los convenios correspondientes, tras lo cual se comunicarán las opciones de financiación disponibles.

Se formará, además, una Comisión Interministerial para coordinar este Perte, incorporando más de diez organismos, incluyendo aquellos de Economía, Industria, Trabajo y Educación, con la dirección del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En paralelo, se anunció que en las próximas semanas se realizará una licitación para la construcción de 1.600 viviendas por parte de la empresa pública de vivienda, que será la primera en considerar la industrialización como un criterio relevante en su adjudicación.

Finalmente, el Gobierno tiene la intención de establecer una plataforma en Valencia para facilitar el intercambio de conocimientos y promover la formación en construcción industrializada, creando un espacio de innovación y desarrollo que beneficiará a las empresas del sector y potenciará su competitividad.