El Knesset ha visto recientemente una movida significativa con la destitución de Gali Baharav Miara de su cargo como fiscal general, decisión que fue aprobada de manera unánime por el Gabinete israelí. Este cese ocurre en un clima de tensiones elevadas con el primer ministro Benjamin Netanyahu y protestas ciudadanas frente a su oficina, donde numerosas personas han expresado su descontento con esta medida.

Yariv Levin, el ministro de Justicia, hizo pública la decisión a través de un anuncio en Facebook, donde señaló que "el gabinete ha decidido unánimemente poner fin al mandato" de Baharav Miara. Este acto se produjo en una votación en la que estuvieron presentes 22 ministros, aunque ni el primer ministro ni la fiscal general estaban en la sala, de acuerdo con informes del medio Ynet.

Shlomo Karhi, el ministro de Comunicaciones, ha mostrado un fuerte apoyo a la destitución desde noviembre de 2024, reclamando urgentemente la designación de un reemplazo. Karhi argumenta que es fundamental evitar un vacío administrativo que permita la proliferación de interpretaciones legales erróneas sobre este asunto.

Refiriéndose a sus acciones en relación con la fiscal general, Karhi declaró: "He concluido un proceso que se inició hace cerca de nueve meses. Más vale tarde que nunca. Si dependiera de mí, presentaría cargos en su contra por fraude y abuso de confianza".

Como respuesta a esta situación, el partido de la oposición Yesh Atid, encabezado por Yair Lapid, ha presentado una solicitud al Tribunal Superior de Justicia para impedir la destitución. "El Gobierno busca obediencia ciega en lugar de asesoría legal; han decidido renunciar al Estado de derecho, mientras nosotros luchamos por su defensa y por la democracia", enfatizó la diputada Karine Elharrar.

Recientemente, el Tribunal Superior aclaró que el gobierno no puede llevar a cabo la destitución de la fiscal de manera inmediata, resaltando la importancia de brindar "suficiente tiempo para la revisión judicial" de esta decisión. Como resultado, la salida de Baharav Miara no se implementará hasta que el tribunal evalúe la legalidad del proceso, un acto que ella misma ha calificado de “ilegal”.

Desde la perspectiva del gobierno de Netanyahu, la fiscal general es acusada de actuar movida por intereses políticos que se oponen a sus políticas. Por su parte, Baharav Miara sostiene que sus funciones tienen como objetivo establecer los límites de la legalidad frente a la administración, destacando que su labor no debería ser motivo de controversias que creen un clima de inestabilidad.