En un avance legislativo significativo, el Gobierno español ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Orgánica para abordar la violencia vicaria, un fenómeno que busca tipificar como un delito independiente, además de incluir un agravante de género y penas que podrían alcanzar hasta tres años de prisión.

Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la importancia de esta “ley pionera”, asegurando que representa un paso fundamental para atender a las víctimas y sus familias, al establecer sanciones y medidas civiles específicas para casos de violencia vicaria.

El objetivo primordial de esta iniciativa es aplicar medidas para visibilizar, reconocer y erradicar la violencia vicaria, para lo cual se hará una revisión completa de varias normativas, incluyendo la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal y el Código Civil, entre otros.

Entre las metas del anteproyecto se encuentra no solo definir jurídicamente el concepto de violencia vicaria, sino también implementar estrategias de prevención y ofrecer apoyo a las víctimas, asegurando una reparación adecuada por el impacto de estas acciones.

La norma también apunta a cumplir con las exigencias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a ampliar la protección de personas adultas con discapacidad que dependen de la víctima afectada por este tipo de violencia.

Respecto a la definición de violencia vicaria, la ministra ha indicado que se ha actualizado el artículo 1.4 de la Ley de protección integral contra la violencia de género, especificando que esta forma de violencia se ejerce sobre hijos, tutelados, hermanos y parejas de la mujer afectada, con el objetivo de infligirles sufrimiento.

Con esta nueva legislación, se incorpora un artículo en el Código Penal, que categoriza la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral, estableciendo penas que van de seis meses a tres años de prisión, con el carácter de delito autónomo con un aumento en las sanciones por motivos de género.

La ministra también aclaró que se agregarán sanciones adicionales, como la prohibición de portar armas durante un periodo que puede oscilar entre tres y cinco años, así como la restricción a la difusión de contenidos relacionados con el delito, lo que podría afectar a obras literarias controversiales vinculadas a casos previos, como el caso de José Bretón.

“La sociedad reaccionó con firmeza ante la tragedia y nuestra meta ahora es que la ley refleje esa misma compasión y sentido de justicia“, expresó Redondo, haciendo alusión al impacto público que tuvo el caso de Bretón.

El anteproyecto también introduce cambios en el Código Civil, específicamente en el artículo relacionado con la custodia de menores, enfatizando la necesidad de escuchar a los niños y a personas con discapacidad antes de cualquier decisión sobre su custodia.

También se revisará el artículo sobre el régimen de visitas y comunicaciones, fortaleciendo la fundamentación en los casos donde un progenitor esté involucrado en un proceso penal de violencia doméstica.

Además, se busca adaptar la legislación de protección de menores e incluir la violencia vicaria como un indicador crucial en la evaluación de situaciones de riesgo para menores.

Por último, se prevé un proceso más ágil en lo que respecta a la patria potestad, a través de un juicio verbal que se podrá combinar con demandas de divorcio y medidas provisionales, para así proteger más eficientemente a los menores implicados.

La ministra recordó que desde el año 2013 se han registrado un total de 65 asesinatos de niñas debido a la violencia vicaria, con cifras alarmantes de nueve menores asesinados en 2024 y tres en lo que va de 2025.

Redondo también subrayó la crucial necesidad de no solo proteger a las víctimas, sino también de sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de erradicar estas violencias extremas e inaceptables.