MADRID, 28 de noviembre. El Consejo de Ministros ha tomado la decisión este jueves de aprobar un Real Decreto-ley que introduce modificaciones significativas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta reforma busca impedir que las empresas que utilizan la personalización automatizada de precios puedan incrementar sus tarifas en circunstancias que se consideren situaciones de emergencia de protección civil, como ha sucedido recientemente en Valencia y otras regiones afectadas por fenómenos como la DANA.

La noticia fue comunicada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La reforma se centra en alterar la letra c) del artículo 20.1 del mencionado texto legal, evidenciando la intención del gobierno de fortalecer la protección del consumidor en momentos críticos.

Según explicó el departamento encabezado por Pablo Bustinduy, esta modificación se dirige a aquellas situaciones en las que resulta complicado establecer un precio preciso para un servicio o producto específico. Ejemplos de esto incluyen la contratación de vehículos de transporte VTC o la reserva de alojamientos a través de plataformas en línea, donde los precios son frecuentemente ajustados de manera automatizada.

La normativa actualizada estipula que, en estos contextos de emergencia, no podrá haber aumentos en el precio final que se ofrece al consumidor, siempre que la situación sea considerada de urgencia, riesgo o necesidad. Este detalle está alineado con lo que se define en la Ley 17/2015, del 9 de julio, sobre el Sistema Nacional de Protección Civil.

En un aspecto adicional del mismo Real Decreto-ley, también impulsado por Bustinduy, se ha impuesto una limitación en los precios de venta de vehículos a motor bajo el Plan Reinicia Auto+, diseñado para proporcionar apoyo financiero a quienes hayan perdido su vehículo a raíz de la DANA. Se asegura que los concesionarios que participen en este programa no podrán imponer precios superiores a los que había establecidos hasta el 28 de octubre, momento en que ocurrieron las inundaciones.

Para que los puntos de venta de vehículos se integren a este plan, deberán suscribir una declaración responsable con el compromiso de mantener los precios previos a la inundación, así como completar un formulario que estará disponible en la sede electrónica del Ministerio de Industria y Turismo. En palabras de Bustinduy, "una tragedia de estas proporciones no puede ser una ocasión para que ningún operador obtenga beneficios económicos".

En el ámbito de Derechos Sociales, el Real Decreto-ley también incluye una asignación extraordinaria de 3 millones de euros que el Ministerio dirigido por Bustinduy destinará a través del Real Patronato sobre Discapacidad. Esta cantidad se utilizará para financiar obras que permitan la reconstrucción de infraestructuras necesarias para la accesibilidad de personas con discapacidad que se han visto afectadas por la DANA, así como para la adquisición de materiales como sillas de ruedas o audífonos que hayan sufrido pérdidas durante la devastadora catástrofe.

Asimismo, se ha establecido que las ayudas destinadas a compensar los daños ocasionados por la DANA no serán contabilizadas como parte de los ingresos que se evalúan para el reconocimiento o mantenimiento de determinadas prestaciones sociales, incluidas las no contributivas y los complementos por mínimos para pensiones contributivas de la Seguridad Social. Esto busca garantizar que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan sin restricciones o penalizaciones adicionales sobre sus derechos.