El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde a una ambiciosa convocatoria de ayudas que busca impulsar el desarrollo de más de 100 proyectos de almacenamiento de energía a gran escala, con un total de 700 millones de euros disponibles para financiar instalaciones capaces de generar entre 2,5 y 3,5 GW de potencia.

Este apoyo económico, liderado por la ministra Sara Aagesen, tiene como objetivo fortalecer el sistema eléctrico del país, mejorando su flexibilidad y facilitando la integración de energías renovables. Se espera que estas inversiones contribuyan a acelerar el proceso de descarbonización, asegurando un abastecimiento energético más eficiente y sostenible.

Las nuevas instalaciones no solo tienen la intención de ofrecer un suministro de energía más estable, sino que también se encuentran en el contexto de la reciente crisis eléctrica provocada por el apagón del 28 de abril, que dejó a España en una situación crítica. La iniciativa busca transformar el sistema energético nacional, adaptándolo a los desafíos actuales y futuros.

El proceso de solicitudes para acceder a estas ayudas comenzará la próxima semana y se mantendrá abierto hasta el 15 de julio de 2025. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será el encargado de gestionar las subvenciones, que se cofinanciarán con fondos europeos del programa Feder 2021-2027 en un sistema de competencia abierta.

Este programa abarca no solo proyectos independientes de almacenamiento, sino también sistemas de bombeo y almacenamiento térmico, así como aquellos que combinan almacenamiento con fuentes renovables existentes. Se podrán financiar diversas partidas, incluyendo la obra civil y equipos auxiliares, lo que permitirá una implementación integral de las iniciativas seleccionadas.

Se estima que estas ayudas permitirán la instalación de más de 9 GWh de capacidad de almacenamiento, un paso significativo hacia la modernización del sector energético español. El plazo para completar la implementación de los proyectos no superará los 36 meses a partir de la concesión de la ayuda, y deberá finalizarse antes del 31 de diciembre de 2029.

Los fondos europeos están destinados a reducir las desigualdades de desarrollo entre diferentes regiones de la UE, buscando promover la cohesión socioeconómica. Estos recursos se asignarán de manera diferenciada a las comunidades autónomas, priorizando las que se consideran menos desarrolladas y en transición, según los criterios establecidos por la gestión del Feder.

El proceso de selección de proyectos se llevará a cabo en varias rondas, con un orden de prioridad que considera el tipo de almacenamiento y la puntuación alcanzada en la evaluación. En caso de que se generen excedentes de presupuesto, se redistribuirán entre los proyectos restantes según su calificación inicial.

Para facilitar a los beneficiarios la ejecución de sus proyectos, el IDAE permitirá anticipos de hasta el 100% de la ayuda concedida, siempre que se cumplan con ciertas condiciones. Esta medida pretende agilizar la implementación de las iniciativas y potenciar su impacto en el sistema eléctrico.

Con la inversión en estas tecnologías de almacenamiento, el Ministerio prevé que se logre una mayor integración de fuentes renovables en la red eléctrica nacional, lo que no solo redundará en beneficios ambientales, sino que también permitirá una reducción significativa de los costos energéticos.

Las ayudas también se enmarcan en un esfuerzo más amplio para disminuir la dependencia de España de los combustibles fósiles, alineándose con las metas establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan REPower EU. Así, se busca afrontar los retos ambientales actuales y futuros.

Estas iniciativas se suman a otros programas de apoyo del Gobierno, que han sido impulsados por los fondos NextGenEU relacionados con el Plan de Recuperación y Transformación. A través de estas ayudas, se han movilizado ya 730 millones de euros para nuevos proyectos de almacenamiento, añadiendo 4,5 GW de potencia al sistema.

El fomento de estas tecnologías no solo favorecerá la descarbonización del sistema eléctrico español, sino que también potenciará el desarrollo de una industria europea capaz de fabricar y mantener equipos necesarios para el almacenamiento energético mediante diversas tecnologías, siguiendo el camino trazado por los sectores eólico y fotovoltaico, donde España ya se muestra autosuficiente.