El actual Gobierno ha alcanzado un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para extender por un año adicional el impuesto dirigido a las empresas energéticas. Esta decisión es clave para la viabilidad del proyecto de ley que introduce un nuevo tributo mínimo global del 15% para las multinacionales, mostrando así una evidente inclinación hacia el control fiscal en el ámbito empresarial.

Un comunicado conjunto, emitido tras largas horas de negociación en la comisión del Congreso encargada de evaluar este impuesto, ha revelado que los tres socios del Ejecutivo han asegurado que se presentará un decreto para la prórroga del tributo a las energéticas durante todo el año 2025. Este movimiento contrasta con el compromiso previamente asumido por el PSOE de dejar que dicho impuesto expirara el 31 de diciembre, atendiendo a la solicitud de Junts.

Durante la Comisión de Hacienda, se evidenció la resistencia del PSOE ante las propuestas de colaboración de la izquierda, que incluían a socios como Sumar, Podemos, ERC, BNG y EH Bildu, al votar en bloque junto a PP y Vox para impedir la continuidad del impuesto a las energéticas. Este alineamiento político subraya las divisiones existententes en el Parlamento español, donde la oposición conservadora se une en contra de las iniciativas progresistas.

La urgente promesa del Gobierno, que deberá concretarse en los próximos días, se ha realizado justo antes de que se desvaneciera la posibilidad de aprobar el proyecto de ley del impuesto a las multinacionales, el cual emana de una Directiva Europea impuesta por Bruselas. Este impuesto es crucial, ya que está vinculado a la recepción de 11.000 millones de euros en fondos europeos, que podrían ayudar a aliviar la situación fiscal del país.

El compromiso del Ejecutivo también implica un pronunciamiento favorable hacia la creación de un nuevo impuesto sobre la banca, que se incorporará en la tramitación del mismo proyecto de ley. Este tributo avanzará en su proceso legislativo, con el objetivo de llegar al pleno este jueves, tras superar su etapa en la comisión el martes. Sin embargo, el PSOE no ha logrado transformar este gravamen en un impuesto que, según lo acordado con el PNV, sería gestionado por las haciendas forales.

Además, en la misma sesión se frustraron diversas iniciativas, como la subida de los impuestos sobre el diésel y la reforma fiscal para las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), las cuales habían sido pactadas con Sumar. La incapacidad de avanzar en estas materias resalta las dificultades que enfrenta el Gobierno para llegar a compromisos significativos con sus socios de izquierda.

En este nuevo panorama, las formaciones que han establecido un reciente acuerdo con el Ejecutivo proponen la creación de un tramo impositivo más elevado, con la intención de que toda la recaudación se destine a las comunidades autónomas, en coordinación con las haciendas forales de Euskadi y Navarra. Esta estrategia pone de manifiesto una clara intención de reforzar la autonomía fiscal y las capacidades recaudatorias a nivel regional.

Por su parte, ERC, Bildu y BNG han expresado su satisfacción por alcanzar un acuerdo que consideran "equilibrado" y que, según ellos, respeta las diferencias entre las distintas fuerzas políticas. Estas agrupaciones celebran que hayan superado "obstáculos y diferencias", una afirmación que deja entrever las tensiones subyacentes en el actual panorama político.

Según sus declaraciones, esta decisión colectiva es un paso hacia una "mayor justicia y progresividad fiscal". Vienen instando al Gobierno a agilizar el proceso necesario para la convalidación de este decreto y consolidar los apoyos necesarios en el ámbito legislativo, lo cual refleja su intención de encauzar una nueva agenda fiscal en el contexto español.