En un reciente pronunciamiento, el Gobierno español ha dejado claro que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no se encuentra obligado a implementar los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR). Esta afirmación se fundamenta en el artículo 59 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, el cual establece que la responsabilidad recae sobre los productores afectados, quienes son los encargados de llevar a cabo dicha implantación.

La aclaración del Gobierno surge como respuesta a una serie de preguntas planteadas en el Congreso por Ione Belarra, diputada del partido Podemos. Según informa Europa Press, Belarra solicitaba información sobre el cumplimiento de los objetivos de recogida selectiva de botellas de plástico para el año 2023 y cuestionaba si MITECO tenía la intención de poner en marcha el SDDR, así como los plazos que manejaría para su implementación.

Es importante señalar que esta intercambio de preguntas y respuestas tuvo lugar antes de la publicación de un informe por parte de MITECO, en el que se revela que la tasa de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso se ha situado en un 41,3% en peso respecto al volumen colocado en el mercado durante 2023. Esta cifra se aleja considerablemente del objetivo establecido del 70% que marca la Ley de Residuos para este año, lo que ha generado la necesidad de establecer un SDDR a nivel nacional en un plazo no mayor a dos años. No obstante, el Gobierno insiste en que son los productores los responsables de esta tarea.

Asimismo, el Ministerio subraya que la ley no se detiene en 2023, ya que también establece metas para los años siguientes. De acuerdo con la normativa, se espera alcanzar un 77% en peso respecto a lo introducido en el mercado a más tardar en 2025, un 85% para 2027 y, finalmente, un 90% para 2029. Estos objetivos marcan la hoja de ruta en la lucha por una economía circular más efectiva.