En una reciente iniciativa, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que se implementen medidas efectivas que garanticen la protección de las víctimas de suplantación de identidad. Este tipo de fraude se produce cuando se registran vehículos a nombre de personas sin su autorización, lo que puede causarles numerosos problemas legales y financieros.

La institución ha denunciado que ha recibido un alto volumen de quejas por parte de aquellas personas afectadas, quienes enfrentan serias dificultades para deshacerse de la titularidad de vehículos que nunca les pertenecieron. Este fenómeno ha llegado a ser tan alarmante que en algunos casos se han detectado múltiples vehículos registrados a nombre de una misma víctima, lo que subraya la gravedad del problema.

Ante esta situación, Gabilondo ha propuesto la implementación de medidas preventivas que aseguren la validez de los documentos de identidad utilizados en las solicitudes de cambio de titularidad. Esto incluye la verificación del consentimiento expreso por parte de la persona afectada, una acción que busca evitar que tales fraudes continúen ocurriendo.

El Defensor también ha solicitado una colaboración estrecha con otros departamentos del Ministerio del Interior para poder validar la autenticidad de los documentos presentados durante este tipo de trámites. Además, sugiere que se establezca un sistema de alertas que notifique a las personas cuando se realice un cambio en la titularidad, asegurando así que solo quienes realmente autoricen el proceso puedan realizarlo.

Entre las recomendaciones también se incluye la propuesta de detener la transferencia de vehículos a nombre de las víctimas una vez que se detecte la suplantación, así como la paralización del cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en estos casos. Este tipo de medidas buscan aliviar la carga que sufren las personas afectadas por este delito.

Adicionalmente, Gabilondo ha sugerido implementar mecanismos que protejan a las víctimas de la apertura de expedientes sancionadores relacionados con los vehículos falsamente registrados a su nombre y ha pedido que se facilite la baja de esos automóviles en el sistema de la DGT.

Finalmente, el Defensor del Pueblo ha instado a la Fiscalía General del Estado a que se movilice para que la Policía Judicial identifique a los responsables de estos fraudes, localizando a quienes poseen los vehículos involucrados y contrastando la documentación que puedan presentar para justificar su tenencia.