Madrid, 4 de diciembre. La Fiscalía ha solicitado hoy mantener en prisión preventiva a Álvaro Romillo, el empresario que transfirió 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, en el marco de una supuesta estafa piramidal asociada a la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Fuentes del ámbito jurídico han informado a Europa Press que, durante la audiencia realizada en la Audiencia Nacional, la fiscal de Anticorrupción, Mar Scharfhausen, argumentó que persisten las razones que justificaron su detención: el peligro de fuga y la potencial destrucción de pruebas.

En el mismo acto, la acusación popular, representada por Zaballos Abogados, ha apoyado la solicitud de la Fiscalía, enfatizando que aún existen siete millones y medio de euros en criptomonedas a disposición de Romillo que no han podido ser recuperados hasta ahora.

Además, fuentes legales señalaron que la acusación ha señalado la falta de trazabilidad de grandes sumas de dinero que podrían ser accesibles a 'Cryptospain' si Romillo recupera su libertad.

La audiencia, que tuvo lugar a las 11:00 horas y se prolongó durante media hora, fue convocada por el tribunal penal en respuesta al recurso interpuesto por el empresario, quien cuestionó su encarcelamiento desde el pasado 7 de noviembre.

El juez José Luis Calama, encargado del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, dictó la prisión provisional sin posibilidad de fianza para Romillo, un día después de autorizar su detención con el objetivo de "prevenir una posible sustracción a la justicia" y "garantizar" su comparecencia ante el tribunal.

Calama destacó la existencia de una "organización criminal creada y liderada" por Romillo, al hallar una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario.

El magistrado subrayó el riesgo significativo de fuga y de eliminación de pruebas, añadiendo que los hechos en cuestión se caracterizan por ser delitos que conllevan penas superiores a los dos años de prisión y afectan a un número considerable de personas.

El juez calculó que son 3.062 los inversores afectados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 aportaron un total de 185.511.947,76 euros.

Por último, el magistrado indicó que el dinero depositado por los inversores en las cuentas asociadas a la plataforma MIC no se utilizó para las inversiones en criptomonedas prometidas, sino que fue "desviado directamente a otras cuentas dentro del entramado empresarial" creado por Romillo.